AL INICIO de esta semana, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del ‘Gran Acuerdo Nacional por la Educación Superior Pública’, que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.

El Gobierno señala que el proyecto tiene como objetivo transformar el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia, que actualmente se basa en los aportes estatales ajustados anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO habló con Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y con Paula Andrea López, rectora de la Universidad Central, sobre sus percepciones frente a este nuevo proyecto.

El director de la Ascun enfatizó que es un proyecto en la vía correcta que ya fue evaluado por la Asociación desde la presentación que hizo el ministro de Educación.

“Siempre desde Ascun, en proyectos anteriores, hemos respaldado esta iniciativa, pues el país ya hoy es consciente del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública, que como se ha dicho particularmente en la presentación de este proyecto ronda por los 13 billones como deuda actual del sistema. En consecuencia, desde la Asociación Colombiana de Universidades respaldamos esta iniciativa, pues nos parece que va por el camino correcto para resolver el desfinanciamiento estructural y hacemos un llamado al Gobierno nacional, para que de la misma manera se pueda atender lo consagrado en la Constitución en referencia al derecho a la educación y al acceso al servicio público de la misma, a través de mecanismos de apoyo a la demanda para que las universidades privadas, que en la actualidad tienen cerca de 700.000 estudiantes en los estratos 1, 2 y 3, puedan garantizar a ellos el acceso y la continuidad de sus procesos de formación en educación superior”, sostuvo Domínguez.

A su vez, hizo un llamado para que lo presentado por el Ministerio de Educación no tenga agregados de última hora. “Esto podría provocar que el proyecto corra la suerte que otros proyectos similares han corrido. Cuando van perdiendo perspectiva sobre la importancia de modificar estos dos artículos que resuelvan el desfinanciamiento de la universidad pública y se intenten adicionar aquí mecanismos que hacen inviable el desarrollo de este proyecto y la modificación de estos artículos”, aseveró.

Desconocimiento de otras realidades

Por otra parte, la rectora de la Universidad Central afirmó que el nuevo proyecto de ley, al solo modificar 86 y 87, desconoce asuntos fundamentales que requiere el sistema educativo colombiano y la educación superior privada.

“Las universidades privadas también tenemos unos problemas serios de desfinanciación y además tenemos una labor estructural de movilidad social y de formación de la población de estratos 1, 2 y 3; porque a las universidades privadas ingresan jóvenes que no pueden ingresar a la educación superior pública, particularmente en el pregrado, y sus familias acompañan ese proceso de formación. Son jóvenes que buscan también la formación y el desarrollo de sus proyectos de vida a través de la educación superior en las universidades privadas”, explicó.

En ese sentido, la rectora Paula López reiteró que es fundamental reconocer esa situación y aseveró que el proyecto de ley para reformar la Ley 30 no considera estos elementos.

“Si bien hay una deuda histórica con la educación superior pública, también hay una deuda histórica con la educación superior privada que ha aportado muchísimo al desarrollo y a la formación de los colombianos, pues desde la Constitución Política se establece que el modelo de educación superior es un modelo mixto y como muestran las estadísticas de SNIES que salieron hace poco, con relación al 2023, casi que en un 50% de los jóvenes acceden a la universidad pública pero otro 50%, es decir, alrededor de 1’200.000 estudiantes, ingresan a la educación privada”, concluyó.

El proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que el Estado destine recursos adicionales de manera voluntaria para incrementar la base presupuestal, con el objetivo de reducir lo que se ha denominado la ‘deuda histórica’ con las universidades públicas. Esta deuda, calculada en $15 billones de pesos, corresponde al dinero que las instituciones dejaron de recibir por cuenta del cálculo de incrementos basados en el IPC.