El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del ‘Gran Acuerdo Nacional por la Educación Superior Pública’, que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.

El Gobierno señala que el proyecto tiene como objetivo transformar el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia, que actualmente se basa en los aportes estatales ajustados anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este esquema, según el ministro Rojas, no refleja adecuadamente el crecimiento de la cobertura, la mejora de la calidad ni el incremento de los costos educativos a lo largo del tiempo, lo que ha generado una brecha financiera significativa en estas instituciones.

El Ministerio de Educación sostiene que la propuesta central del proyecto es que el cálculo de los aportes estatales se realice tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador más ajustado a las necesidades reales de las instituciones educativas. 

Además, se contempla que, si el incremento del ICES es inferior al del IPC en un año determinado, el ajuste se hará con base en el IPC, asegurando así que las universidades no pierdan poder adquisitivo.

Otro aspecto del proyecyo es la asignación de recursos adicionales equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer año de aplicación de la ley, destinados a establecer la base presupuestal de las instituciones de educación superior.

"Estos fondos buscarán fortalecer la capacidad instalada de las universidades, garantizar la sostenibilidad de nuevas seccionales y sedes, y mejorar la calidad de la oferta educativa", indicaron desde la cartera.

En la radicación del proyecto, el ministro Rojas subrayó que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por avanzar en el financiamiento, bienestar, calidad y pertinencia de la educación superior pública, cumpliendo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno. 

“Este acuerdo nacional supera las ideologías y nos une como colombianos para garantizar una educación pública de calidad para todos”, afirmó el ministro durante el evento de radicación en el Capitolio Nacional.

El proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que el Estado destine recursos adicionales de manera voluntaria para incrementar la base presupuestal, con el objetivo de reducir lo que se ha denominado la ‘deuda histórica’ con las universidades públicas. Esta deuda, calculada en $15 billones de pesos, corresponde al dinero que las instituciones dejaron de recibir por cuenta del cálculo de incrementos basados en el IPC.