CONTROVERSIA TRANQUILA

El “Pacto para la paz”

Hace pocos días se celebró en Acore un evento cuyo significado no ha sido valorado todavía por la opinión pública ni por los comentaristas de la vida nacional.

De lo que se trataba era, de un lado, de escuchar al señor Procurador, doctor Alejandro Ordóñez, sobre la propuesta de un pacto para la paz.

En esencia, lo que plantea el alto funcionario, sin dejar de lado las posiciones que tiene sobre las conversaciones en La Habana, es la conveniencia de buscar puntos de encuentro para que lo que eventualmente se acuerde entre el Gobierno y las Farc sea sostenible tanto política como jurídicamente.

La paz bien hecha es la frase que ha acuñado el procurador Ordóñez para resumir el objetivo de su propuesta. En el mismo orden de ideas pone sobre la mesa de la discusión nacional la existencia de 25 mínimos cuyo respeto considera necesario para que se pueda cumplir lo acordado, los cuales se desprenden de los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

De igual manera insiste en la necesidad de que se respeten las obligaciones del Estado colombiano en materia de justicia a fin de que los acuerdos puedan tener sostenibilidad jurídica y política.

Pero, además de escuchar una voz tan autorizada, Acore invitó a comentar las propuestas del Procurador a representantes de las más diversas posiciones políticas.

Por esa razón estuvimos presentes Marta Lucía Ramírez, Clara López, León Valencia, Luis Fernando Velasco y quien escribe estas líneas.

Cada quien, desde su óptica, hizo los comentarios que consideró apropiados con serenidad y mucho espíritu reflexivo.

Al final, la gran conclusión fue que, en realidad, existen elementos comunes entre las distintas posturas, y que es conveniente seguir propiciando escenarios similares para continuar con esa controversia tranquila.

¿Será posible encontrar coincidencias, entre quienes defienden la Constitución y la Ley, acerca de una propuesta de concentración de las Farc en zonas acordadas con esa organización para garantizar su seguridad y el cese unilateral de fuegos y hostilidades?  

¿Y será factible identificar una posición común de los amigos de la institucionalidad acerca de un mecanismo de verificación capaz, experimentado, con músculo y con imparcialidad a toda prueba para efectos de darles a los colombianos y a las Farc las seguridades que requieren? ¿Resultará viable que quienes rechazan el terrorismo y creen en la democracia se pongan de acuerdo para plantear un esquema de justicia que impida la impunidad, respete las obligaciones que tiene el Estado y facilite mecanismos de transición?

¿Será muy aventurado pensar en que se coincida en la necesidad de la refrendación popular si es que hay, finalmente, acuerdos?

¿Resultará apenas una ilusión creer que, en el caso de que dichos acuerdos se den, es posible diseñar un nuevo mecanismo de refrendación popular mediante un acuerdo político y de Estado?

Todo lo anterior es posible.

La historia de Colombia es fértil en ejemplos acerca de la capacidad de la nación para hacer entendimientos. Dirigir el proceso en La Habana le corresponde al Presidente, desde luego.

Pero también es cierto que, llegado el momento, las Farc no darán el paso definitivo si el Gobierno no les garantiza el cumplimiento de lo acordado. Y para que eso sea posible hay que unir al país, no seguir dividiéndolo de manera artificial, inconveniente y dañina entre amigos y enemigos de la paz.

Ese es el valor del Pacto para la paz: buscar la unión alrededor de puntos comunes para que lo que se haga sea aceptable y aceptado por los colombianos.