La región del Catatumbo afronta una crisis generalizada, que tiene en éxodo a más de cuarenta mil campesinos, quienes huyen afanosamente de la zona, pues se encuentran en la mitad del fuego cruzado entre las disidencias de las Farc, el Eln y los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. Esta situación no es nueva, ya la advertía el mismo Presidente desde su posesión, pero sin lugar a duda, se ha generalizado y agudizado en el actual momento.
Hay que admitirlo, son muchos los problemas que afronta la región; pero lo que no puede ignorarse, es que el mas fundamental por el que se atraviesa, es un grave problema de seguridad, de presencia del Estado que le permita a las personas y a sus familias permanecer en el lugar.
Llama por ello la atención que el primer decreto legislativo dictado en el marco de la conmoción interior sea un decreto para agilizar la expropiación de tierras, en forma exprés, por vía administrativa en la Agencia de Tierras, y suprimiendo el trámite judicial. A lo mejor en el Catatumbo hay un problema de estructura agraria y de acceso a la propiedad de tierras; pero en la hora de ahora, ese no es el motivo de la diáspora campesina actual, que vive entre la violencia que generan los grupos armados al margen de la ley.
Que hay una grave crisis en la región, una ostensible perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional, no hay la menor duda; confluyen disidencias Farc, Eln, narcotraficantes, etc.; actúa todo tipo de delincuencia, causando terror que se ha agudizado bajo la mampara de la política de la paz total; pero pretender, que el problema de inseguridad agravado por la inacción del gobierno y su mencionada política se pueda conjurar con un trámite de expropiación exprés es por lo menos un despropósito.
Más bien pareciera que el afán de reformar la expropiación obedece a la política pública que el actual gobierno ha querido implantar sin mucho éxito de “acceso a la tierra, participación campesina y medio ambiente”, y se aprovecha el estado de conmoción para introducirlos, ahora si por vía exprés, con decretos de conmoción interior, en el ordenamiento jurídico colombiano. La estructura de la tenencia de la tierra que se busca replantear con la expropiación, es un problema que nada tiene que ver con los motivos que dieron lugar a decretar la emergencia constitucional y seguramente dicho análisis lo realizara el Tribunal Constitucional cuando analice la legitimidad de la medida.
El derecho al acceso progresivo a la tierra, la participación reforzada del campesinado creando diferentes formas organizadas para las negritudes y campesinos, la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la transición energética, son un nuevo léxico para las instituciones agrarias del país, que se han convertido en ejes centrales de las políticas agrarias y sociales del actual gobierno. Seguramente muchas de ellas son necesarias, pero las debe incorporar el Congreso, previa la discusión democrática que suponen. Utilizar la conmoción interior, no deja de configurar un fast track innecesario y un mecanismo apretujado para reformar las instituciones.