El senador Marco Rubio ha dicho que el mundo entero aprobaría un golpe de Estado contra el régimen de Nicolás Maduro.

En el mismo sentido se han pronunciado otros sectores ante la clara conclusión de que la situación en Venezuela es insostenible, más aún, si se toma en cuenta el impacto causado sobre los demás países del hemisferio.

Sin embargo, el problema es que no hay quien asuma semejante tarea, independientemente de lo contraproducente que sea.

De hecho, los militares venezolanos están absolutamente controlados por la inteligencia cubana, precisamente, para evitar cualquier desbordamiento, y gozan de tantas prebendas y privilegios que la inercia es, y seguirá siendo, su conducta más probable.

Dicho de otro modo, nadie debería hacerse ilusiones con base en un modelo caracterizado por la sola transformación desde adentro.

Eso significa, ni más ni menos, que la solución ha de orquestarse desde afuera, con escrupuloso respeto por las normas internacionales pero, al mismo tiempo, con la máxima contundencia concebible.

O sea, que cuando un pueblo está sometido al hambre, el despotismo y el sufrimiento, requiere el auxilio de los miembros más influyentes del sistema internacional y tales miembros están obligados a asistir al pueblo victimizado.

En tal sentido, la firmeza de expresidentes de varios países de América que, con su coraje, han invocado la Carta Democrática y han enfrentado a la dictadura en variados escenarios, ha sido altamente valiosa a la hora de desenmascarar al régimen.

Asimismo, la aplicación de sanciones personalizadas a la cúpula del régimen por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea ha puesto de presente que, tarde o temprano, los responsables tendrán que rendir cuentas ante una u otra administración de justicia.

Y, por último, la tendencia de los países vecinos a endurecer sus posturas (en unos casos de manera sincera y en otras hipócritamente), demuestra que, tarde o temprano, el régimen será castigado y que no se saldrá con la suya aferrándose al poder, como supo hacerlo en su momento la familia Castro, en la isla.

En resumen, el derecho y la obligación de proteger al pueblo venezolano es un imperativo en las circunstancias actuales.

Por supuesto, prestar una asistencia humanitaria masiva y decisiva a la población requerirá de una logística transnacional de vastas proporciones, una coalición internacional inquebrantable y una actitud decidida para evitar que los cubanos o los rusos traten de impedir que la ayuda fluya y cese la ignominia.

Asistencia que, legitimada y legalizada con suficiencia a toda prueba, se verá aún más robustecida si se desvelan los nexos del chavismo con el tráfico de drogas y si se saca a flote la identidad del régimen como auxiliador y promotor del terrorismo.

¿Acaso no hay suficiente información según la cual los jerarcas chavistas, empezando por el generalato, están relacionados de uno u otro modo con las drogas y que es en territorio venezolano donde residen los cabecillas de las agrupaciones criminales que siembran el terror en Colombia?

A su fin tocan, pues, los días de una dictadura cuyo poder estriba en una asamblea constituyente espuria, una Fuerza Armada victimaria y unos dirigentes corruptos que espolian al ciudadano sin piedad y sin miramiento alguno.