La recién aprobada ley de modernización del sector TIC, junto a los pactos por la equidad incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, son la carta de navegación para que Colombia entre a la era digital. Un trabajo conjunto, entre el Gobierno, las regiones, la industria y las autoridades, ha permitido construir las bases de un ecosistema digital que puede mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos. El cierre de la brecha digital, conectar a las regiones y promover la apropiación tecnológica, son elementos esenciales para garantizar, no solo la competitividad de nuestra economía, sino el bienestar social de los colombianos.
Para lograr ese propósito se necesitan habilitadores como la licencia por uso del espectro hasta por 20 años renovables, la focalización de inversiones eficientes y sostenibles, la creación del fondo y regulador único, que garantice unidad de criterio para asegurar la masificación de servicios y contenidos, la promoción de mecanismos de colaboración público - privada para la financiación de proyectos TIC, el impulso a contenidos de televisión pública para diferentes dispositivos (computadores, televisor, teléfonos inteligentes), incentivos y subvenciones para que los colombianos accedan a nuevas tecnologías de uso productivo, y la digitalización de trámites que masificarán la presencia del Estado en todo el territorio.
Una reglamentación razonable y eficiente, a cargo del Gobierno, es fundamental para conectar a 27 millones de colombianos con internet móvil de cuarta generación (4G), hoy apenas alcanzamos a 13 millones de usuarios suscritos a este servicio. Para lograrlo, resulta fundamental priorizar a los municipios con mayor impacto poblacional, en la gradualidad en que se cubrirán con servicios 4G, así como reconocer y valorar las inversiones requeridas, para alcanzar la cobertura deseada en regiones apartadas y en población vulnerable.
Son asuntos que deben definirse con precisión de cara a la próxima subasta del espectro de cuarta generación. Aquellas localidades con baja disponibilidad de servicio de energía, precaria infraestructura de transporte y limitada presencia del Estado, no podrán ser los primeros municipios en la lista, y su incorporación supondrá una articulación de esfuerzos entre las entidades encargadas: (TIC, energía, defensa, transporte, educación). Para cubrir esas regiones, es fundamental examinar cuánto cuesta llegar y operar los servicios en esas zonas, lo que implica un ejercicio responsable de planeación, entre el Estado y la industria, construido sobre la evidencia.
El criterio que orienta la política pública es la maximización del bienestar social. Esto es, conectar, con el mejor servicio posible, al mayor número posible de personas, garantizando la inclusión prioritaria de la población vulnerable. Pues al darles inclusión digital, se acelera su inclusión económica y social. Finalmente, para conectar a las regiones apartadas, pero sobre todo, a la población marginada, el Estado debe hacer un esfuerzo adicional para que la señal llegue a aquellos rincones, de nuestro territorio y nuestra sociedad, a donde las dinámicas del mercado no lo permiten. La industria esta presta a hacer un esfuerzo conjunto y a aportar toda su capacidad en ese propósito para que ningún colombiano se quede por fuera de la cuarta revolución industrial.
@SamuelHoyosM
*Presidente de Asomóvil