Hace unas semanas advertí que era ilegítima una considerable alza de impuestos por parte de un gobierno que se hizo elegir con la promesa explícita de reducir la carga tributaria. El lema de “menos impuestos, más salarios” fue tan efectivo que ahora es inolvidable.

Mencioné que, después del ultrajado dictamen del plebiscito del 2016, el actual gobierno corría el riesgo de socavar las bases del sistema republicano al traicionar su propio mandato. Días después, hordas violentas atacaron al Congreso de la República, donde, irónicamente, una mayoría iba a hundir la catastrófica (y ya retirada) reforma tributaria de Duque y Carrasquilla.     

Por supuesto, también son del todo ilegítimas las vías de hecho que afectan a inocentes y amenazan sus vidas (hasta que las cobran). Es ilegítimo bloquear vías para impedir la libre circulación de ambulancias, mercancías y alimentos. Es ilegítimo destruir la propiedad privada (hay que pensar en los pequeños comerciantes) o la infraestructura del transporte público, lo cual no es más que terrorismo urbano. Es ilegítimo actuar con fuerza en las calles para imponer con violencia e intimidación lo que no se consiguió con votos en las urnas.

Igual de ilegítimo, por cierto, son los abusos del poder estatal contra inocentes, abusos que incrementaron desde el inicio de la pandemia por causa del descontrolado autoritarismo de nuestros gobernantes, tanto nacionales como locales. Una causa poco comentada del caos reciente es la rabia reprimida de una población a la cual, durante un año, no se le permitió trabajar, vender ni estudiar. “Lo material se recupera”, aseguraron quienes viven del erario. Ignoraron que, para la gran mayoría, sin “lo material” no se vive.          

Otro gran factor de inestabilidad es nuestro sistema presidencialista. Este nos ha traído un gobierno débil e ineficaz sin mayoría parlamentaria, sin campo de maniobra y- lo que es peor- sin fecha de vencimiento en el corto plazo. En un sistema parlamentario- como el que tanto promovió Tito Livio Caldas- el gobierno se hubiera caído junto a su “Ley de Solidaridad Sostenible”; las diferencias se hubieran podido resolver en unas rápidas elecciones. Pero esa es una mera ilusión.

El reto real es llegar sin más sobresaltos hasta las próximas elecciones, cuando se podrá pronunciar la mayoría silenciosa que ni quiere más impuestos ni participa en el frenesí de los disturbios. ¿Decidirá dicha mayoría castigar al chavismo colombiano por incitar la situación cuasi bélica que vive el país? Que le pregunten al señor Iglesias qué opinaron de su agenda los sensatos votantes madrileños.  

¿Cómo llegar al 2022? El gobierno puede calmar los ánimos con medidas puntuales. Debe anunciar una reducción significante del IVA (“día sin IVA, todos los días”). Debe permitir el uso de monedas fuertes, lo cual propuso Duque como senador, para contrarrestar la depreciación del peso y la huida de capitales. Debe concentrarse en el presupuesto del 2022 y someterlo a un plebiscito.

Las opciones son más que todo excluyentes: pagar la deuda, pagar subsidios, recortar el gasto del Estado. Que decida la ciudadanía.