Estamos atravesando un momento de conmoción y trastorno inigualable. Día a día llegan más noticias de desconcierto y desesperanza. A pesar de ello, seguimos dedicando nuestra atención y esfuerzos a analizar la problemática de la explotación y abuso que afectan a niñas y niños en nuestro país.

Luego de los escándalos de explotación sexual contra menores, regresamos a la cotidianidad, y vamos dejando atrás, los hechos que otrora nos alarmaron. De igual manera, dejamos pasar el momento para comprender como ciudadanos e inclusive funcionarios públicos, conceptos claves en la protección de los menores de edad.

Permanece una tendencia a deshumanizar a las víctimas de explotación sexual, a través de una percepción distorsionada de la humanidad de los niños, que contribuye a la falta de acción para protegerlos.

A menudo, las personas no reconocen que la explotación sexual de niños y adolescentes atenta directamente contra su derecho fundamental a ser tratados con dignidad y respeto. Esta falta de comprensión puede llevar a la tolerancia o la indiferencia frente a esta grave violación a sus derechos humanos. También, existe una percepción errónea en la sociedad de que las víctimas de explotación sexual eligen voluntariamente esa situación. Esta idea culpabiliza a las víctimas y minimiza la responsabilidad de los explotadores, lo que dificulta la identificación y la prevención efectiva de estos delitos.

La falta de claridad sobre quién lleva la verdadera responsabilidad en casos de explotación sexual infantil contribuye a la impunidad de los explotadores. Se culpabiliza a las víctimas y no a los delincuentes, profundizando los ciclos de abuso y, algunas veces, impidiendo la protección y el apoyo necesarios para los niños. Lamentablemente, en las rutas de atención y protección, es común identificar, falta de claridad conceptual, entre funcionarios públicos que deben intervenir y garantizar derechos fundamentales.

La terminología y los conceptos que utilizamos al hablar sobre la protección de la niñez no solo son importantes por su precisión técnica, sino también por su impacto en la conciencia ciudadana y en el reconocimiento del papel de cada individuo en la protección de los niños y adolescentes.

Es fundamental que los ciudadanos comprendan la gravedad y la complejidad de la explotación y el abuso sexual, así como la responsabilidad colectiva que tenemos en su prevención y erradicación. Asignar la responsabilidad de abordar, atender y prevenir, situaciones alarmantes contra los niños, únicamente en el Estado es tanto una disonancia, como una simplificación, que no conduce realmente a encontrar soluciones efectivas.

Al emplear términos adecuados y claros, como "explotación sexual de niñas, niños y adolescentes", en lugar de expresiones que minimicen la gravedad de estos crímenes, contribuimos a generar una conciencia pública más informada y comprometida. Expresiones de uso común, como "prostitución infantil" o "turismo sexual infantil" reflejan cómo se carga la responsabilidad sobre niñas y niños, al mismo tiempo que se menoscaban su dignidad y derechos.

Los conceptos adecuados, permiten comprender la verdadera naturaleza de la problemática y motivan a tomar acciones concretas para proteger a los menores de edad, tanto desde el rol ciudadano, como desde las instituciones públicas, los medios de comunicación y en general, las organizaciones de todos los sectores en el país.

Desde mi experiencia y reflexión, considero relevante educar a la sociedad sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y las medidas preventivas que pueden adoptarse a nivel individual y comunitario. Esto implica acciones pedagógicas en temas relacionados con la protección infantil, a través de una cultura de respeto, responsabilidad y solidaridad hacia niñas, niños y adolescentes.