Ante las difíciles circunstancias por las que atraviesa Colombia, ciertamente hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para volver a conectar a la ciudadanía con instituciones, autoridades y, en general con el Estado, resulta fundamental.

En ese camino, interlocución y diálogo desde la razón y la compasión son los mejores instrumentos. No de otra manera pueden canalizarse, por las vías adecuadas, las voces de quienes manifiestan un descontento que no es más que una expresión del miedo, incertidumbre y afán por tener una perspectiva de futuro en el que la sociedad en general pueda seguir construyendo.

Construcción y no destrucción es la clave para superar los inmensos retos de la pobreza, desigualdad e injusticia, que son los verdaderos enemigos.  Concertacion, solidaridad y unión en torno a la causa común son los postulados que deben animar a los interlocutores legítimos.

Solo así será posible distinguir entre los que con razón reclaman y buscan en el Estado respuestas, de los que con otro espíritu quieren disociar, polarizar y acabar con todo aquello que se ha logrado edificar. Estos últimos con el ánimo de generar un escenario en el que la anarquía permita que las propuestas autoritarias se consoliden, arruinando la vida, el camino del progreso y la protección de las libertades.

En este propósito y con el fin de avanzar para lograr mejores condiciones de vida para cada uno de los habitantes del territorio colombiano no debe haber cabida para el odio, el rechazo por el otro y menos para la estigmatización.

Es necesario que la Nación y cada colombiano que la conforma, comprendan que el conflicto puede aflorar, pero nunca ser justificación para el exterminio de vidas humanas, violencia, agresión y tampoco para generar condiciones que impidan a otros contar con alimentos, medicinas, agua potable y seguridad.

Es necesario comprender que en el proceso de la reconstrucción de la relación entre Estado y sociedad habrá algunos interesados en que ello no se produzca; probablemente los mismos que buscan, a través de actos criminales -evidentes, cobardes, o mojigatos-, generar zozobra para que la gobernabilidad, el diálogo y el deseo de tener un país con mejores condiciones para todos se frustren.

Ni a los ciudadanos pacíficos pero vehementes se les puede condenar, castigar o violentar por poner de presente las necesidades que con la pandemia se han recrudecido y que buscan respuesta y solución de parte del Estado, ni a quienes tienen la encomiable labor de mantener el orden, la seguridad, defender la honra y vida de los colombianos, se les puede denigrar sistemáticamente con el propósito de deslegitimar su labor y más aún su razón de ser. 

Lograr condiciones para una adecuada convivencia, para contar con condiciones que permitan dignificar la vida de cada persona es responsabilidad de todos. Es necesaria la capacidad de escucha del Estado, pero también de la ciudadanía. Uno y otros tienen la obligación de rechazar la violencia y de no permitir que a través de provocaciones y noticias, videos, muchas veces falsos, que circulan por las redes sociales -que tienen por fin manipular las emociones y el miedo-, se rompa el diálogo y queden minados los corazones que originalmente buscan allanar el camino para desterrar de una vez y para siempre al enemigo, es decir la pobreza, la desigualdad, la injusticia y todo aquello que las profundice y pretenda acendrarlas.

Por @cdangond