Hace casi cuatro décadas era escándalo que alguna autoridad nacional, local o agremiación social, propusiera pacto para congelar precios de productos alimenticios, por un periodo determinado o quizá de manera permanente.
La protesta la originaban productores agrícolas y se extendía con enfurecimiento, a medios comerciales de otros productos de consumo básico.
Algunas entidades gremiales señalaban a dirigentes gubernamentales y particulares, así como a medios periodísticos, de hacerle eco, a ideales intervencionistas contra la economía privada y el libre derecho de los negocios.
La primera voz de rechazo llegaba a los órganos de información, acusándolos de hacer parte de algún “movimiento izquierdista,” con supuesta intención de revolcar la economía.
Así con exagerada prevención frente conocidos focos politiqueros, que han predominado en todas las épocas de Colombia folclórica y oportunista, se divulgaban noticias y análisis, con temor a que se encendieran las llamas contra todo el que hablara de principios sociales.
Al voltear la página, en las puertas de 2017 con otro aire, se encuentra el acuerdo entre las centrales de abasto del país y el ministerio de Agricultura, para congelar precios de 100 productos agrícolas, del jueves 15 de diciembre al 15 de enero.
Loable contribución con todos los sectores de consumo y en particular, con los de más bajos recursos económicos, si se tiene en cuenta que los alimentos tienen el mayor peso entre los productos de la canasta familiar. Para más claridad, debería publicarse el listado de precios, según el acuerdo pactado.
En materia comercial, la congelación ojalá se refleje en precios de las cadenas de supermercados y expendios populares en todos los centros urbanos, sin excepción, para creer que se hace con ideal social, sin discriminaciones y, con intención de evitar inflación disparada.
Es paso válido para aplicar congelación de precios, cuando se registran fenómenos naturales o invierno desbordado, como el que ha sacudido en la actualidad varios sitios del país.
Tampoco pasará inadvertida, en municipios y regiones con evidente depresión económica, por abandono social durante años, o dificultad topográfica, para llegar a apartados lugares, como Guajira, Chocó, y algunas zonas de Cauca y Nariño, con vías en pésimas condiciones.
Y debería ser instrumento de economía social, aplicado en forma periódica, en áreas ocupadas por refugiados e inmigrantes, en ciudades como Bogotá, varias capitales de departamento y municipios cercanos.
Que el pacto de congelación de precios agrícolas, aunque por 30 días, no se convierta en bandera politiquera, a un año de otro periodo de elecciones.
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