Al cumplirse 30 años de vigencia de la Carta Política son múltiples las perspectivas desde la cuales puede evaluarse su implementación y eficacia, y de las que pueden derivarse retos y oportunidades para Colombia, en momentos en los que resulta oportuno hacer un alto en el camino dada la coyuntura actual.

Se ha celebrado, con razón, la incorporación del calificativo “social” para el Estado de Derecho.  Ello permitió incluir en la Constitución una carta de derechos que, como pocas, facilita identificar todos aquellos derechos de las personas que deben ser garantizados, sobre sabiendo que la razón de ser de las instituciones y autoridades es la persona humana sin distingo de raza, condición socioeconómica, credos religiosos, ideologías políticas o cualquier otra razón.

A ello han estado dedicadas durante estas tres décadas las distintas ramas del poder público y los órganos de control.  De ello dan cuenta las sentencias de jueces, la legislación y las políticas públicas diseñadas por distintos gobiernos.

No obstante, a veces parecería que en esta encomiable tarea se ha perdido de vista que es la propia Ley Fundmental la que, precisamente para garantizar que esos derechos sean una realidad, establece funciones que corresponden a cada institución; que el poder público tiene una responsabilidad y debe ceñirse y enmarcarse dentro de ella, sin intentar invadir competencias, pues si ello no se atiende de manera rigurosa, se produce un efecto contrario al perseguido.  También se ha olvidado que la Constitución contiene unos pocos, pero muy contundentes deberes que deben cumplir personas y ciudadanos.  El primero de ellos consiste en respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.  Nadie está legitimado para reclamar derechos y hacerlo sobre la base de obstaculizar o impedir el ejercicio de los que coresponden a otros.  Ello genera injusticia, abuso, discriminación, desigualdad e inequidad, ocasionados ya no por las autoridades sino por los propios gobernados.

Ese Estado Social de Derecho, para que sea realidad, debe entenderse en función del país sobre el cual se predica. Colombia, país lleno de posibilidades, es una nación joven, no asimilable a Suiza, Suecia o Dinamarca. Colombia es una nación que, aún con ventajas comparativas y competitivas, tiene recursos más limitados, razón por la cual la implementación del Estados Social, requiere hacerse de manera inteligente, estratégica y pausada. Garantizar plenamente todos los de derechos cuesta; implica un costo alto para el Estado y por ende para los individuos que, en virtud del deber de solidaridad, deben contribuir de distintas maneras para hacerlo realidad.  

Por supuesto, en este propósito es deseable y necesario combatir prácticas ilícitas (corrupción, explotación ilegal de recursos, narcotráfico, entre otras) que le quiten recursos al Estado para hacer su tarea. 

Así, reafirmando las bondades que en esta perspectiva trajo la Constitución de 1991, es menester considerar que el proyecto de país que ella contempla no puede realizarse de manera inmediata. La expectativa tiene que ajustarse a la realidad de sus recursos, necesidades y a su propia cultura e historia. Para ello resulta definitivo que quienes ostentan autoridad, lo hagan sabiendo que ello es un privilegio en cuanto tienen la oportunidad de servir y no de ser servidos; pero también que cada integrante de la sociedad sea consciente de sus deberes, entre los que está el de respetar y apoyar a las autoridades legítimas.

Por @cdangond