La falta de integridad en la gestión pública provoca un efecto dominó en las comunidades, debilita la infraestructura social y económica y, limita las oportunidades de progreso y desarrollo para todos.

Funcionarios del Gobierno Nacional, han desviado fondos públicos destinados a programas de apoyo a poblaciones vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, estudiantes y personas en esa condición. Este acto demuestra un desprecio flagrante por los derechos y las situaciones de vida precarias, de las personas más necesitadas.

Los actos de corrupción revelados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, son una traición a la confianza pública, a las normas e instituciones colombianas, y lo más grave aún, son una violación directa a los derechos humanos de aquellos que dependen de sus servicios para su bienestar y desarrollo.

Es la corrupción el flagelo que más acentúa las condiciones de inequidad y desigualdad en la sociedad colombiana. El enriquecimiento de unos pocos, a expensas de los más necesitados, mantiene a estos últimos, en ciclos de pobreza y exclusión, dificultando aún más el acceso a servicios básicos y la imposibilidad de garantía de sus derechos fundamentales.

La desviación de recursos públicos, producto de actos corruptos está privando a la población de servicios básicos esenciales, y menoscabando su dignidad humana.

Por eso, el llamado que está realizando la Corporación Transparencia por Colombia a la Fiscalía General, para que tenga en cuenta dentro de los procesos penales y principios de oportunidad, medidas de reparación por los daños causados a las víctimas que, en La Guajira, no van a recibir solución de abastecimiento de agua, por la compra de los carrotanques, es no solo legal, sino inaplazable.

De otro lado, la ausencia en varias entidades de funcionarios probos y con competencias técnicas y profesionales necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente y transparente ha sido una constante en los dos últimos años. Se ha desdeñado la relevancia de que los funcionarios públicos tengan condiciones de probidad y ética.

Tampoco se destacan perfiles técnicos en los funcionarios públicos que estén orientados a la implementación de controles internos efectivos, a la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, y a la adopción de buenas prácticas en la gestión pública, todas acciones sugeridas por organismos multilaterales, para impulsar el gobierno abierto, de cara a las actuales demandas ciudadanas.

Por el contrario, los perfiles nombrados han estado orientados a la no ejecución de recursos, o a la promoción del caos en su sector, y de otro lado, a la malversación de fondos.

La corrupción, como fenómeno sistémico, ejerce una presión insostenible sobre los cimientos de los derechos humanos. Con todos los anuncios hechos en campaña y desde el gobierno, lo que esperaban, al menos la mitad de los colombianos, era un liderazgo que garantizara un avance significativo en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, semana tras semana se destapan hechos repugnantes, no solo contra los recursos públicos, sino contra los derechos humanos y la dignidad de las comunidades que debían ser las beneficiarias de la inversión adecuada de dichos recursos.

La corrupción, en todas sus formas, mina la confianza en las instituciones, distorsiona la competencia y perpetúa la desigualdad. Desde el soborno hasta el tráfico de influencias, estas prácticas deshonestas socavan los principios democráticos y generan un ambiente propicio para la impunidad.

La corrupción reinante es más que una plaga que corroe y afecta, las bases de nuestra democracia.