Han pasado cerca de 24 años desde que se declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles y penitenciarias del país. En esa oportunidad, la Corte Constitucional señaló que los centros de reclusión se caracterizan por el hacinamiento, el imperio de la violencia, la corrupción, la deficiencia en materia de servicios públicos y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. La misma posición fue reiterada en el año 2013 y recientemente el pasado marzo, protegiendo a las personas de los centros de detención transitoria donde la situación es mucho más compleja, dado que no están diseñados para abrigar personas en condición de condenados.

En relación con el hacinamiento, algunos estudios sugieren que es superior al 30%, concentrándose especialmente en el noroeste del país. En síntesis, estamos lejos de dar cumplimiento a los objetivos de reinserción social, protección y resocialización del condenado. No en vano, los altos índices de reincidencia que se registran actualmente en el país y que se encuentran por encima del 20%. A la fecha son muy pocas las acciones que desde los diferentes gobiernos se han llevado a cabo para dar solución a la grave crisis carcelaria que, en definitiva, no se resuelve con la construcción de más y más cárceles, entre otras razones, porque tampoco existen los recursos suficientes para semejantes inversiones. El estado gasta cerca de 3 billones de pesos anuales en el tema carcelario y cada interno cuesta a los colombianos alrededor de 25 millones de pesos al año.

Esta situación obedece en gran parte a lo que se conoce como populismo punitivo. Esa práctica constante en los últimos años, tendiente al incremento de las penas y a la creación de nuevas conductas punibles, que para nada han servido en la disuasión o prevención del delito. No conozco estudio alguno del que se pueda concluir que, por el aumento sistemático de las penas en Colombia, se han reducido el número de infracciones penales, lo que explica los altos índices de impunidad, que actualmente rondan el 90%. En conclusión, de qué sirven las penas altas si los infractores saben que las probabilidades de ser condenados son mínimas.   

De cierto modo lo anterior se explica por una política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, volátil e incoherente como ha señalado el alto tribunal de lo Constitucional. Aquella que viene trazándose sobre el supuesto de que solo la cárcel resuelve los problemas de delincuencia en el país. Es necesaria una política que evalúe con más rigor los factores de micro y macrocriminalidad en el país y no deje de lado las circunstancias sociales de aquellos que infringen el Código Penal. La política criminal futura, debe encaminarse a proyectos de alternatividad penal, donde la justicia restaurativa prime al momento de resolver los problemas de delincuencia, priorizando la reparación a las víctimas, la prevención del delito y el dialogo comunitaria. La privación de la libertad debe reservarse para aquellos delitos graves y que generan gran rechazo en la sociedad.

En este sentido, veo bien encaminado al ministro de Justicia, aunque su ejemplo de que los ladrones devuelvan el celular y paguen el servicio, no fue el más afortunado. No es fácil explicar un enfoque de esta naturaleza y para ello se requiere un trabajo pedagógico que permita concientizar a la sociedad acerca de la importancia de este modelo de justicia reparadora. Difícil tránsito, pero sin duda el más adecuado en las circunstancias actuales.