En Colombia padecemos un constante asalto contra la democracia y el imperio de la ley. El gobierno no se limita a proponer leyes y proyectos contrarios a la democracia, sino que mediante decretos gobierna de facto, en la expectativa de que de no ser aprobadas sus iniciativas por el Congreso las impone antes que los tribunales la rechacen por contrarias al orden jurídico. Además, como ha sido denunciado por varios medios y personalidades de la política, suelen chuzar a cuantos se le oponen o en el caso de la Corte Constitucional a sus miembros. Esto es antidemocrático y ronda con las jugadas y abusos de las dictaduras.

La misión fundamental de los partidos y los políticos de orden es defender la democracia y en este caso concreto la independencia de la Corte Constitucional que cuenta con excelentes funcionarios y defensores del imperio de la ley. Como el gobierno a toda costa pretende burlar la ley y hacer lo que se le antoja, con mayor razón la sociedad civil debe defender a todo trance la independencia de la Corte. Pese al grado de violencia en el cual nos debatimos en algunas zonas del país, la gran mayoría de nuestros nacionales son gentes trabajadoras y pacíficas. Si los pueblos y sus dirigentes no defienden el imperio de la ley, las normas constitucionales se convierten en letra muerta.

Los colombianos no podemos permitir que se veje a la Corte Constitucional y se persiga a sus magistrados por cumplir su deber y defender la vigencia constitucional.

La crisis de la democracia en el país es total: se persigue a los jueces, se violan las leyes, se desconoce la independencia de la magistratura. El respeto por las leyes aprobadas por el Congreso debe ser total e insobornable. Y las “chuzadas” deben ser denunciadas, así como castigados los culpables.  En especial, la ciudadanía debe rodear a sus magistrados y jueces, como verdaderos campeones de la ley, la libertad y la democracia.

La investigación que le corresponde a la Fiscalía para esclarecer esos atentados contra la magistratura debe ser respaldada por los ciudadanos, sin distinción de partidos. Esos magistrados colombianos insobornables son los que pueden salvar la democracia en peligro.

Atentar desde el Ejecutivo contra la magistratura se convierte en un ejemplo nefasto para otros elementos fuera de la ley, que en las provincias o en las zonas de candela son investigados. El primer interesado en que tangamos pronta y eficiente justicia debe ser el gobierno, dado que la confianza del público en las instituciones fortalece la democracia. Por tratarse de presuntos delitos en los que se mueven sumas millonarias para sobornar a los presidentes del Congreso y a miembros de la Comisión de Acusaciones se debe esclarecer el caso y si alguno es inocente darlo a conocer. De cualquier manera, es el escándalo más grave y el peor atentado contra la democracia en los últimos años. En otro país, con un sistema político diferente, ante semejante caso de corrupción se cerraría automáticamente el Congreso y se convocaría a nuevas elecciones. La misión de la justicia colombiana es restaurarla en las zonas del Estado en donde la misma se pudre por acción de políticos sin escrúpulos. Un país puede ser pobre o modesto en cuanto a sus recursos, no en la forma como se castiga a los delincuentes más poderosos.

De todas formas, ahora que el gobernante hace guiños a la reelección, es de analizar que, si las fuerzas democráticas se unen con un candidato como Álvaro Uribe podrían ganarle a Petro, de lejos. Si Petro se enfrenta a banderilleros de segunda, los derrota, tal como pasó en las pasadas elecciones. En el supuesto que la izquierda petrista tenga el 30% de los votos, frente a un panorama de división entre los aspirantes del establecimiento, podría volver a ganar en minoría.

Por supuesto, cualquier candidato de orden debería defender el sistema y sus leyes, al mismo tiempo que propone cambios sustanciales al manejo político. Lo que hace el gobierno de reducir la riqueza y el bienestar de los colombianos, como en el caso de bajar la producción de Ecopetrol. Se constituye en un verdadero atentado criminal contra la riqueza de todo el pueblo colombiano, verdadero dueño de esa entidad.