Dos de los temas debatidos últimamente tienen que ver con el PAE y las cárceles. Ambos los he tratado extensamente en esta columna. A riesgo de aburrir a mis lectores, voy a referirme una vez más a ellos.

El caso más aberrante de corrupción es el del PAE porque afecta la alimentación de los niños, muchos de los cuales toman en su escuela la única comida del día. Hasta donde yo sé el tema se rige por el decreto 1852/15 de MinEducación y se ejecuta por los municipios con sus propios recursos y los provenientes del departamento y la Nación, a través del Sistema General de Participaciones.

Tengo que confesar que se me revuelve el estómago cuando me entero que una mafia de contratistas compraba comida desechada por los supermercados para entregarla podrida a los niños. Pero, además, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, porque todo concluye enviando el asunto para estudio, sin imaginación, sin tocar a los contratistas y sin que nadie se tome el trabajo de idear una solución viable. Y no es la primera vez.

Yo he propuesto que la alimentación escolar se maneje por los padres de los niños a través de establecer una cooperativa en cada centro escolar, que dirija el rector, pero administren los padres que no van estafar a sus hijos. Habría que diseñar una cooperativa estándar con su manejo contable y a la que se suministren los recursos que son públicos y deben administrarse como tales. Ojalá el ministro, que no ha tenido que lidiar con este problema, se ponga las pilas y tome las medidas pertinentes. Solamente se necesita inteligencia y decisión.

En cuanto al hacinamiento y la inseguridad de las cárceles se habla de que hay que construir más y más o, ríase usted, que los cacos devuelvan lo que robaron y paguen intereses, como dijo el MinJusticia.

Obviamente hay que distinguir los delitos. Eso se hizo en Colombia con el decreto 014 de 1955 que creó los estados de especial peligrosidad social que incluían a los que tenían antecedentes penales y de policía; los que fingieren enfermedad o defecto orgánico para dedicarse a la mendicidad; los proxenetas; los contrabandistas; los que atemorizaren a las personas con armas de fuego o puñales; los que suministraren a otra persona drogas o tóxicos de cualquier clase; los que fueren sorprendidos al sustraer ilícitamente dinero u otros efectos personales; quienes de modo habitual negociaren bienes, mercancía u objetos, cuya procedencia legítima no pudiere establecerse; los ladrones de vehículos; los urbanizadores piratas; y los usureros, a los que habría que añadir los que roben o atraquen en las calles o en el transporte público  y usen ácidos etc.. Ahora es peor porque asesinan por cualquier cosa.

A esos tales los enviaban a colonias penales como la de Araracuara. Allí tenían que construir las instalaciones. Estaban aisladas y solamente se llegaba por agua o por vía aérea. Eran autónomas en agricultura y generaban su propia energía. El costo era bajísimo. Pero inexplicablemente se acabaron en una de las tantas reformas a la justicia. Para eso podrían aprovecharse los miles de hectáreas de selva taladas ilícitamente. Las cárceles se dejarían para los homicidas, ladrones de cuello blanco y defraudadores del Estado. Esto permitiría mejores condiciones de vida para los presos y descongestionaría el sistema. Y no habría más casa por cárcel.

De nuevo, necesitamos inteligencia y decisión.

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Coda: Un editorial de este diario dijo que los conservadores necesitaban rodilleras. Yo digo que son “sacamicas” y necesitan bacinillas para atender las necesidades del Pacto Histórico.