Hace algunas semanas estuve en el Perú. La revista “Caretas” publicó por esos días un demoledor estudio con abundantes evidencias de cómo Pedro Castillo había comprado con gabelas descaradas y mermelada a rodos la mayoría del Congreso para ponerse a salvo de una eventual acción de vacancia. Controlaba las cosas- ilegal pero cómodamente- en ese momento. La opinión de todos con quienes me entrevisté en aquella visita era la de que su permanencia en la presidencia no corría peligro.

Las cosas debieron cambiar en los últimos días hasta el punto que lo llevaron a anunciar por cadena nacional de TV una especie de autogolpe de Estado, cuyos ingredientes principales fueron la notificación de que cerraría el Congreso, que la legalidad constitucional quedaba suspendida y que el Perú pasaba a ser gobernado mediante decretos con fuerza de ley.

El autogolpe duró pocas horas. Por aplastante mayoría el Congreso peruano decretó su vacancia y posesionó a la vice en la función presidencial. Y Castillo - que intentó refugiarse en alguna embajada amiga- fue detenido lastimosamente en una inspección de policía de Lima mientras es juzgado.

En la visita que relato se me dijo insistentemente que el Perú había encontrado la fórmula para separar el pésimo gobierno de Castillo de la vida empresarial y de los negocios que seguían su marcha dentro de una relativa normalidad. La política iba por un lado y la vida económica por otro. Solo así se explica que el Perú haya aguantado tantos meses al errático gobierno de Castillo sin naufragar en lo económico.

La semana que pasó fue tiempo brillante para los jueces y la ley. En menos de 24 horas Cristina K fue condenada a dura sanción en la Argentina, Otto Pérez lo fue en Guatemala, Pedro Castillo en el Perú, y la organización Trump en Estados Unidos. Todos por corrupción.

Me sorprendió la reacción de Gustavo Petro: según nuestro presidente lo que le faltó a Castillo fue rodearse de pueblo. Si lo hubiera hecho (se deduce de sus trinos) el bisoño presidente peruano hubiera podido sortear airoso las consecuencias del grave agravio que cometió contra la constitución. No lo logró por supuesto. La auto intentona duró pocas horas.

Lo que es curioso es que el presidente colombiano piense que unas masivas manifestaciones populares hubieran servido como agua lustral para borrar los desafueros contra la Constitución que en sus desesperadas últimas horas intentó Pedro Castillo.

 El razonamiento de Gustavo Petro denota un subconsciente de indiferencia frente a lo que significan el Estado de Derecho y las normas constitucionales, que el primer llamado a respetar es el presidente de la República. Así se movilicen masivas manifestaciones populares a su favor. Las instituciones no se defienden con tumultos, sino con respeto por ellas.

Y aunque ha habido manifestaciones en favor de Castillo en algunas comarcas peruanas, no han resultado ser las masivas movilizaciones que le recomendaba Petro a Castillo para mantenerse en el poder. Según llegan los informes, la mayoría de la ciudadanía recibió con alivio el desenlace de los bochornosos acontecimientos de Lima.

El Perú sigue dando tumbos institucionales. Un Congreso más desacreditado que los seis presidentes defenestrados en los últimos años. Una corrupción rampante. Anuncio de elecciones anticipadas y una constitución claramente inadecuada que permite tumbar presidentes cada nada. Su democracia ha mostrado ser de hojalata.

El Perú se salvó en esta ocasión de una nueva dictadura como la que tuvo que sufrir cuando Alberto Fujimori -ese sí- cerró el Congreso por varios años. ¿Pero, por cuánto tiempo?