Este 15 de agosto, debatí en RCN Radio con la Superintendente de Economía Solidaria. Según ella, nuestra economía se desaceleró debido a la loable responsabilidad fiscal del presidente, cuyo gobierno se vio afectado por el endeudamiento masivo de la administración anterior y hoy enfrenta el costo político de dirigir al país hacia una trayectoria más sostenible.

Lo cierto es que nuestro enorme déficit fiscal, necesario entre 2020 y 2022 para superar la crisis del covid-19, nunca se corrigió. Con los faraónicos presupuestos del petrismo, cuyo crecimiento fue impulsado principalmente por mayores gastos de funcionamiento, el déficit fiscal como porcentaje del PIB fue del 4,2% en 2023, prácticamente igual al de 2022. Este año, tiene proyectado alcanzar el 5,6%, una de las peores cifras de los últimos veinte años.

Mientras tanto, el crecimiento económico ha caído en todos los sectores, llegando a ser negativo en el caso de la industria manufacturera. Todo el aparato productivo está atrofiado por un gobierno hostil al sector privado, cuestionado por atroces escándalos de corrupción y propenso a atentar contra cualquier institución que, al asumir funciones sociales extra gubernamentales, protege a la ciudadanía contra la brutal ineficiencia del petrismo. Es falso que este gobierno esté dedicado a promover la producción como herramienta para superar la dependencia del petróleo.

El endeudamiento, en todo caso, representa hoy una amenaza mucho mayor para el fisco colombiano que la dependencia del petróleo. Este año, Ecopetrol le aportará 58 billones de pesos a la nación, incluyendo 22 billones en dividendos y 36 en impuestos y regalías, apenas el 45% de lo que pierde el país en pagos del servicio de la deuda. Por otro lado, las acciones del Estado en Ecopetrol tienen un valor de mercado de 364 mil millones de dólares, mientras que nuestra deuda pública está estimada en 233 mil millones.

Si el Estado lograse vender el 65% de su participación en Ecopetrol, se podría pagar la deuda pública en su totalidad. Para el 2024, perderíamos 14 billones de pesos en dividendos, manteniendo la totalidad de los impuestos y regalías, pero dejaríamos de pagar 129 billones en servicios de la deuda, lo que se traduce en una ganancia anual de 115 billones de pesos.

Esta transacción traería amplios beneficios colaterales. Nos permitiría mantener un superávit fiscal permanente sin reducir el gasto público, permitiéndole al Estado reducir impuestos para la actividad empresarial y los sectores vulnerables. Provocaría un incremento sustancial de nuestra calificación crediticia, estimulando la llegada de enormes flujos de inversión extranjera.  Finalmente, reduciría la participación del sector petrolero en las finanzas estatales, disminuyendo nuestra dependencia del petróleo sin socavar la producción petrolera y, por ende, nuestra seguridad energética.

Sería un negocio enormemente positivo, a pesar de que hoy Ecopetrol está subvalorado. Entre 2009 y 2021, la acción de Ecopetrol en Wall Street ha fluctuado en proporción general a los precios internacionales del petróleo. Desde 2022 hasta hoy, esa relación se rompió por la abierta hostilidad del presidente al sector. Hoy, con un barril de petróleo de casi $80, la acción de Ecopetrol valdría alrededor del doble si la tendencia observada en gobiernos anteriores se hubiese mantenido. A esos precios, solo sería necesario vender el 33% de las acciones estatales de Ecopetrol, dejando al Estado como accionista mayoritario.

Sería una decisión controversial, considerando el dogmatismo estatista de nuestro continente con respecto a los recursos naturales. Sin embargo, ante la creciente insostenibilidad de nuestro rumbo actual, quizás sea posible un cambio de paradigma en beneficio de todos los colombianos.