Una de las primeras tareas del Gobierno es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. La ley 152 de 1994 ordena que, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial, el proyecto deberá ser sometido a consideración del Congreso de la República para su aprobación. La ley del plan está conformada por una parte general y un plan de inversiones. En la parte general se señalan los objetivos, metas y estrategias para estos cuatro años. El plan de inversiones define la proyección de los recursos financieros, los presupuestos y los mecanismos para su ejecución.

Dando cumplimiento al propósito de inclusión de las comunidades se vienen convocando los “diálogos regionales vinculantes”, donde la ciudadanía participa de manera activa en la construcción del Plan de Desarrollo, poniendo de presente las necesidades más sentidas de su región. Estos diálogos pueden entenderse como una expresión de la democracia Participativa que, desde la Constitución de 1991, supone un enfoque donde la ciudadanía toma parte directa en las decisiones de los gobiernos. Como en varias oportunidades lo ha señalado la Corte Constitucional: “Un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados”.

Otro elemento interesante de los diálogos regionales tiene que ver con la descentralización. En lo particular creo que se trata de un mensaje muy positivo que implica gobernar desde los territorios. La presencia constante y permanente del Gobierno en las zonas más abandonadas del país, implica el reconocimiento de la diversidad de nuestra población y seguramente permitirá la toma de decisiones de una manera más eficiente. Permanentemente el Congreso y los gobernantes locales, reclaman la presencia más activa de los gobiernos en sus territorios. La formulación de políticas públicas desde lo local hacia lo nacional, propicia mayor equidad y unidad nacional.

Queda cierta duda sobre lo que significa el adjetivo “vinculante”. Lo digo porque no creo que en estas convocatorias se tome decisión alguna. Supongo, eso sí, que se trata más de escuchar las necesidades de las comunidades y priorizar algunas de ellas. No perdamos de vista que el Plan de Desarrollo debe ser aprobado por el Congreso de la República, lo que implica debates intensos y posibles modificaciones al texto que se proponga a su consideración. En todo caso es importante que la ciudadanía sea informada al respecto, para no crear falsas expectativas futuras.

Otra circunstancia importante es que los Ministros se sientan tentados a incorporar en el proyecto toda suerte de iniciativas, y con eso convertir el plan de desarrollo en una colcha de retazos. Recordemos que se volvió costumbre, la práctica desafortunada de aprovechar el plan para incluir normas que deben tramitarse en leyes separadas. Estas maromas violan el principio de unidad de materia, y, en todo caso, se trata de actuaciones irregulares. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto, definiendo unos parámetros muy claros acerca de las materias que debe contener la ley del plan. Valga recordar que esta corporación, declaró inexequible varios artículos del plan de desarrollo del pasado Gobierno.

Los diálogos regionales vinculantes están generando un gran entusiasmo en la población, lo que a mi modo de ver despierta esperanza. Lo importante es que este tipo de leyes se traduzcan en hechos concretos que resuelvan los problemas estructurales del país.