La salud está enferma

Las informaciones sobre el sector de la salud son desconsoladoras. Y lo peor es que las dificultades afectan principalmente a las EPS del régimen subsidiado, precisamente el que atiende a la población más vulnerable.

Como las noticias de investigaciones e intervenciones vinieron una a una, la opinión pública no se había formado una visión exacta sobre la magnitud de la crisis: al sumar las instituciones en dificultades,  según lo señala un estudio de El Tiempo, resulta que 31 de las 47 EPS que administran el régimen subsidiado tienen problemas para funcionar.

¿Qué pasó? ¿Por qué el desplome en cadena?  ¿Cómo llegamos a este dominó funesto? Porque la caída de estas instituciones, una tras otra, no puede considerarse una casualidad ni consecuencia de una epidemia que atacó súbitamente sus finanzas. Parece más enfermedad endémica.

Desde luego, no es una dificultad nueva, ni transitoria ni afecta solo algunas entidades. Los síntomas se vienen manifestando desde hace años, empezando por  cuanto tiene que ver con usuarios y proveedores. La reiteración del mal servicio demostró que ni  la atención deficiente es un simple descuido ocasional de los empleados que están en contacto con la gente, ni la demora en los pagos a  los hospitales públicos se debe únicamente a la mala costumbre de retener el dinero más de lo debido.

Ninguno de esos indicadores es nuevo. Se repiten desde hace años pero no se prestó atención a las alarmas, que sonaban más bajas al principio y fueron aumentando de volumen hasta llegar a los ensordecedores decibeles actuales. Los retrasos en pagos agregaron ceros a las obligaciones con hospitales y clínicas, hasta llegar a las  escandalosas cifras de estos días. Y las fallas en el servicio hace rato superaron los límites tolerables por el usuario.

Una vigilancia más estricta desde el comienzo muy probablemente habría evitado la crisis actual. Pero no se hizo y no es hora de concentrarse en el espejo retrovisor, sino de sacar las lecciones y combinar los análisis de estos días con unos correctivos que impidan la expansión de los malos efectos. El castigo por malos manejos debe ser  proporcional a los inmensos daños que causan estos atentados contra la salud de millones de personas, pero los juicios y sanciones no deben entorpecer la rápida reparación del sistema.

La generalización de la crisis indica que el sistema presenta fallas estructurales. Descontadas las equivocaciones  administrativas y los abusos, que deben ser castigados con severidad, queda por resolver la gran pregunta ¿dónde está la debilidad del sistema? De la respuesta depende que el fenómeno no se repita. Porque todo puede quedar saneado ahora con ayuda estatal pero en breve plazo estaremos en las mismas si hay errores estructurales.

Esto exige una labor coordinada entre el Estado, las instituciones del sistema, los médicos y los propios usuarios, para hacer una revisión completa y a fondo del tema, con participación  de todos los que intervienen en él.  Lo contrario es repetir los remedios simplistas y tapar con billetes unos huecos que después resultan sin fondo.

Y todo esto hay que hacerlo antes de que  el sistema completo de salud termine en cuidados intensivos, comenzando por el régimen subsidiado del cual depende  el derecho fundamental a la salud de la mitad de la población colombiana.