Masacre pensional anunciada
Al parecer, no sirvió para nada la extendida protesta campesina que puso a temblar el Gobierno. Porque altos funcionarios, aupados por el Ministro de Hacienda, con la participación de los ministros de Salud y de Trabajo, están incubando otra inmensa oleada de rechazo con características de tsunami y que no “dejaría títeres con cabeza”, si el presidente Santos no se amarra los pantalones para evitar que ello suceda. Porque no habrá bombero que apague el incendio que se extenderá a todo el país y cuyo epicentro institucional está en Colpensiones, según lo ha detectado el importante líder sindical Alberto Pardo Barrios, presidente del Sindicato de los Seguros Sociales, quien encendió las alarmas con la valiente denuncia pública que acaba de hacer.
Barrios había anunciado el desastre en la audiencia que se celebró en la Corte Constitucional, a propósito del examen de constitucionalidad de la Ley 4ª de 1992, que solo cubría a excongresistas y exmagistrados, pero que ha servido de gran pretexto para extenderla a todos los trabajadores colombianos, sólo para servir los intereses del capitalismo financiero -en cabeza de los Fondos Privados de Pensiones-, dentro de la estrategia perversa de ampliar los efectos de la S 258 de 2013 a otros estamentos de la sociedad; propósito que quedó consignado en la circular 04 de Colpensiones, cuyo contenido seguramente fue producto de instrucciones de los ministros ya citados, a no ser que una entidad adscrita al Gobierno pueda fijar políticas públicas de inmensas repercusiones sociales, como las adoptadas en la circular de marras, a sus espaldas. No lo creemos. Pensamos, en cambio, que todo ha sido orquestado de manera fría y premeditada para cometer un verdadero crimen contra la seguridad jurídica y social de los trabajadores colombianos y como secuela de la sentencia desconcertante de la Corte Constitucional.
El líder sindical afirma que la afectación de las pensiones es tan grande que el cálculo inicial en la rebaja de las pensiones sería superior al 50% “de lo que con la legitima y correcta aplicación de la ley se reconoce” y que “se afectarían todos los regímenes especiales, exceptuados y todo el régimen de prima media compartida, ya no definida sino incierta, indefinida y cada vez más irrisoria”.
¿No sabe el presidente Santos quiénes están detrás de esa desestabilizadora campaña de agresión social y por qué se orquesta desde el periódico que fundaron sus mayores? Si el radar político de la Presidencia no ha detectado el terremoto social que se avecina y su epicentro, mándelo a reparar, señor Presidente.
Mantener en el Gobierno a ministros propiciadores de esa calamidad pública no le conviene al Gobierno, y menos al país. Porque mientras queremos pactar la paz en La Habana le prendemos fuego en Colombia, con medidas injustas e insensatas, las cuales no provienen propiamente de los asentamientos guerrilleros sino de los institucionales. Así de claro.