“LOS MÁXIMOS responsables todavía están gozando de la libertad y seguramente del dinero que se apropiaron”, indicó el abogado Luis Moreno, quien representa a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), anticipando lo que viene en la investigación por los escandalosos hechos de corrupción en esta entidad, en donde se  aprovecharon de la contratación para llevar agua a La Guajira.

Según el exfuncionario y el entonces director, Olmedo López, no solamente se esfumaron dineros sino que, supuestamente, por instrucciones del alto Gobierno se entregaron plata y contratos a varios congresistas para que apoyaran las reformas y otros proyectos clave.

El pasado sábado, el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento a Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis López Rosero, atendiendo la petición que en ese sentido hizo la Fiscalía al imputarles los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. 

El juez concedió que por su seguridad Olmedo López y Sneyder Pinilla sean recluidos en el Batallón Caldas, en tanto que el contratista López Rosero en la Escuela de Carabineros de la Policía.

Además de la investigación por este caso de corrupción que lleva la Fiscalía, hay abiertos expedientes en la Corte Suprema, en la Contraloría General de la República y en la Procuraduría General de la Nación, que tras el juez resolver la medida de aseguramiento a estas personas, se espera se vean acelerados si logra materializarse el principio de oportunidad que persiguen Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis López para lograr algunos beneficios penales, por lo cual desde hace semanas vienen entregando información a fiscales.

El abogado Luis Moreno resaltó “la decisión de  un juez de la República que avaló toda la investigación de la Fiscalía General de la Nación, que habló del entramado de corrupción y habló de nombres que permanecen aún en la oscuridad”.

Moreno dijo que se espera “que se cumpla con los compromisos para que ellos sigan cooperando con la justicia. Hay que entender una cosa elemental: mientras no tengan principio de oportunidad, no están obligados a ir a la Corte, a ir a la Procuraduría, a ir a la Contraloría, porque todavía no se ha concretado ese acuerdo”.

Agregó que “los tiempos los define la Fiscalía”, haciendo referencia el abogado a cuándo determinará el organismo si acuerda o no el principio de oportunidad con estos tres implicados en los hechos de corrupción en la Ungrd. Puso de presente Moreno que “que vienen más interrogatorios, porque falta más información por entregar,  faltan otros nombres que tiene la Fiscalía, no es nada nuevo para este organismo”.

En tanto que el abogado José Moreno, quien representa a Olmedo López, dijo que “el principio de oportunidad avanza; lo dicho por el juez, al destacar la colaboración de Olmedo López, es algo positivo".

El pasado viernes, la fiscal general, Luz Camargo, pidió a la Corte que “tenemos que trabajar en que los tiempos puedan ser coordinados. Digamos que el silencio del señor Sneyder Pinilla o de cualquier otro involucrado que está sometido o que está en proceso de un principio de oportunidad tiene algún sentido, porque él está negociando sobre información que nos brinda a nosotros”.

Añadió Camargo que “tenemos que coordinar con la Corte Suprema de Justicia en este caso para que podamos trabajar sincrónicamente, para que podamos trabajar armónicamente y seguramente vamos a hablar con ellos para hacerlo en esa dirección”.

Corte Suprema 

Las autoridades pusieron la lupa sobre la contratación que realizó la Ungrd a finales del año pasado para llevar agua a La Guajira por la sequía acentuada por el fenómeno de El Niño, después de que informaciones de prensa dieran cuenta de que los 40 carrotanques que compraron para esos efectos estaban parqueados en un batallón en ese departamento porque no tenían las pólizas y otra documentación necesaria para ponerlos en marcha.

Sin embargo, el verdadero escándalo estalló en marzo pasado, cuando Pinilla reveló a la prensa  que en medio de estos hechos de corrupción en la Ungrd se sacaron dineros, supuestamente para entregar a algunos congresistas con el fin de que votaran a favor las reformas del Gobierno. 

Señaló directamente al entonces presidente del Senado, Iván Name, de recibir $3.000 millones, y que él (Pinilla) personalmente fue al apartamento en Montería del entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, para entregarle $1.000 millones.

Pinilla en su colaboración con la justicia ha entregado a la Fiscalía audios y documentos por lo ocurrido en la Ungrd. Además, ratificó los señalamientos contra los entonces presidentes del Senado y la Cámara, quienes aseguraron que el exfuncionario miente buscando beneficios penales.

En tanto que Olmedo López en declaraciones a medios y a la Fiscalía sostuvo que en una reunión a finales de noviembre pasado en la Casa de Nariño, en la que según él participaron varios ministros y funcionarios de alto rango, le dieron instrucciones para entregar contratos y dinero a varios congresistas.

El exdirector de la Ungrd señaló que estuvieron en esa reunión, entre otros, Calos González, quien entonces era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Producto de las declaraciones de López y Pinilla, la Corte abrió una indagación preliminar a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle, en el marco de la cual citó a declarar al exministro del Interior Luis Velasco, a Carlos González, al actual director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

Igualmente, el alto tribunal en mayo pasado citó a declarar a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Sin embargo, en el caso del primero de estos exfuncionarios tuvo que hacerlo conducir por la policía por su renuencia a presentarse. No obstante, el exdirector de la Ungrd guardó silencio argumentando ese derecho porque tramita un principio de oportunidad con la Fiscalía.

En junio pasado, Pinilla se presentó ante la Corte para atender la citación a declarar, pero también guardó silencio argumentando que está tramitando un acuerdo de principio de oportunidad. Igualmente, en ese mes López cumplió el llamado del alto tribunal, y aunque no declaró, sí entregó alguna información como muestra de que tiene voluntad de colaborar.

El pasado 16 de julio, la Corte recibió compulsa de copias de la Fiscalía contra ocho congresistas y un excongresista por presuntas irregularidades en la Ungrd, con base en la información que Pinilla y López le entregaron al ente investigador.

Los ocho parlamentarios que la Fiscalía pide a la Corte indagar son los senadores Iván Name, Julio Chagüi Flórez, Liliana Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya; y los representantes Andrés Calle, Wadith Manzur, Karen Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez. Así mismo, Juan Muñoz Cabrera, quien renunció a la curul en Cámara en febrero pasado.

Entonces, lo que se espera es que tanto López como Pinilla, una vez logren el principio de oportunidad con la Fiscalía, el cual luego debe ser ratificado por un juez, comiencen a declarar en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.

Otros frentes de la investigación

El Ministerio Público ordenó la apertura de una indagación previa al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al exministro del Interior Luis Velasco y al exdirector del Dapre, Carlos González, por su presunta participación en los hechos de corrupción en la Ungrd.

Por los mismos hechos vinculó al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a los congresistas Wadith Manzur, Julio Chagüi, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Gallo, Germán Rozo y el excongresista Juan Muñoz.

En tanto que la Contraloría General en marzo pasado declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la presunta adquisición irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en La Guajira.