Sancionada en el 2019, la ley Ana Cecilia Niño, o ley antiasbesto, presenta problemas de aplicabilidad tras cinco años de ser decretada. Al respecto, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador y autora de la iniciativa, hizo para EL NUEVO SIGLO una radiografía sobre el cumplimiento de la norma y en la cual el Gobierno se rajó.
La congresista explicó: “En esta ley se establecieron varios compromisos para diferentes ministerios: el de Ambiente, el de Salud y el de Trabajo. La ley fue sancionada en el 2019 y la prohibición general entró en vigencia en el 2021. Esto también se hizo efectivo gracias a un decreto que estableció un periodo de transición de tres años de prohibición y cinco años en sustitución”.
Agrega que “con la expedición de ese decreto, no podía ingresar al territorio colombiano ningún material en tejas, tanques de agua, tuberías, que contenga ninguna de las variedades de asbesto. Por medio de este decreto el Estado tiene un plazo de cinco años para que se creara la política de sustitución que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, son más de 10 billones de toneladas de asbesto instalado, pero esas fueron algunas de las obligaciones que se cumplieron”.
En este sentido, Nadia Blel añade: “Aunque algunos aspectos se vienen cumpliendo, falta la ruta de atención para las víctimas y personas expuestas al asbesto, que ya fue emitida por el Ministerio de Salud, y no se está cumpliendo. Muchos de los territorios no tienen información, no se ha socializado a las EPS y entidades de salud la atención para este tipo de pacientes por dificultades en la falta de especialistas, mayormente en zonas de alta exposición”.
Lo que aún falta
Igualmente, la parlamentaria advirtió que “el Gobierno quiere implementar a través de la reforma a la salud la atención primaria que está incluida en la ley, y eso todavía no se está aplicando. Entonces es ahí, en donde no se ve el compromiso del Gobierno nacional ante la normativa de prevención, que no se aplica porque muchos de los compromisos de la ley Ana Cecilia Niño dependen del Ministerio de Salud”.
Igualmente, sostuvo que “el Ministerio de Ambiente es el que debe coordinar la creación de la política contra el asbesto instalado en casas, hospitales, parques infantiles. El pasado 11 de junio se cumplió el plazo, sin que se hiciera esa sustitución. En cinco años solamente definieron que se tenía que hacer a través de un Conpes, del cual apenas tienen un borrador. Este año, el ministerio terminó de crear la Comisión Nacional de Seguimiento al Asbesto, pero la conformación de ese comité solamente en abril pasado quedó definida con el representante de la academia”.
A continuación, dijo: “Entonces, las actuaciones del comité antes de la conformación definitiva no tienen validez, porque no serían legítimas. La obligación del Ministerio del Trabajo es establecer el Plan de Adaptación y Reconversión Laboral para los trabajadores de la mina, quienes laboraban en empresas que manipulan asbesto o que contenían este material; podían hacer transición a otros productos. Pero en Colombia queda la mina Las Brisas, un socavón a cielo abierto ubicado en Campamento, Antioquia, sobre la cual la normativa definió que por medio de instituciones como el Sena fueran capacitados en otra labor que no pusiera en riesgo sus vidas ni la de sus familias”.
Anuncian debate de Control
Finalmente, la senadora Blel asevera que “ha faltado compromiso por parte del Gobierno nacional, porque aquí lo que está en riesgo es la vida y la salud de los colombianos. Los funcionarios del Gobierno deben ser más diligentes en la atención de esas responsabilidades. Esta ley debe cumplirse, y más cuando está en riesgo lo más sagrado, que es la vida de todos los colombianos”.
Así mismo, indica: “Tenemos citado un debate de control político desde el Legislativo y la Universidad de los Andes en Sibaté, Cundinamarca, en donde por años funcionó una fábrica de este peligroso material. Ana Cecilia Niño nació, creció en ese municipio y desafortunadamente murió por contaminación con asbesto”.