¿Hacia dónde va el partido liberal?
La noticia que acabo de leer sobre la presencia del presidente Juan Manuel Santos Santos y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en la reunión liberal de este 10 de diciembre en Bogotá, tiene, por supuesto, un gran significado político. Porque los dos, hace pocos años, fundaron otros partidos después de su retiro de las filas liberales. Entonces, el anuncio, tiene trascendencia especial y no estamos ciegos para no reconocerlo.
Hubiéramos deseado, sin embargo, que la llamada Constituyente que los va recibir -y a aplaudir-, no estuviera viciada por las irregularidades advertidas por el Tribunal de Garantías del Partido en la Resolución No. 41 de 2011, en cuyos considerandos se hizo un análisis juicioso de las violaciones cometidas por la DNL, tanto bajo la jefatura Pardo como bajo la Provisional que él designara a dedo.
Observó el Tribunal de Garantías que si los estatutos que fueron aprobados en la consulta liberal del año 2002 están vigentes, mal podía la DNL desconocer las atribuciones de dicho Tribunal, consignadas en dichos estatutos, y, en este sentido, la Dirección del Partido debió atenerse a lo por él resuelto y recomendado.
En efecto, el Tribunal de Garantías, como bien se argumenta en la mencionada Resolución, es el órgano que, según los estatutos, tiene la función de “controlar, vigilar y decidir sobre el cumplimiento de normas contenidas en aquellos por parte de otros órganos de la colectividad y de sus miembros , con excepción de los hechos que constituyen falta disciplinaria“.
Ocurre que dicho Tribunal ejerció sus funciones de control sobre algunos actos de la DNL, los cuales consideró violatorios de los estatutos vigentes; determinación que obligaba a acatar tal decisión, pero, en lugar de hacerlo, los integrantes de la Dirección provisional, con inspiración dictatorial, resolvieron, a rajatabla, desconocer la autoridad del mencionado órgano de control del Partido y destituirlo en sus funciones.
Ante semejante monstruosidad -porque eso significa destituir a su propio juez-, quienes no tragamos entero y no tenemos alma de vasallos, expresamos nuestra enérgica protesta por la arbitrariedad cometida, y, además, consideramos que si el Tribunal no le otorgó a la llamada constituyente poderes para pronunciarse en materias sobre las cuales carecería de competencia, la asistencia a dicha reunión entrañaría cohonestar de alguna manera las violaciones que se cometieron por la DNL, entre las cuales se encuentra la integración misma de la asamblea del domingo cuestionada por el Tribunal de Garantías.
Dejamos constancia de que somos partidarios de la reintegración liberal; de que aplaudiremos el regreso a su seno de connotadas personalidades que se alejaron del Partido, pero deseamos que todo se haga con respeto a la normatividad interna vigente y no por fuera de las reglas en ellas contempladas.
Alegar el principio de legalidad no podrá tenerse jamás como un recurso políticamente improcedente y cuando insistimos en su aplicación es porque queremos evitar una división que alejaría al liberalismo del poder por muchos años.
Que este llamado a la reflexión no caiga en el vacío.