Justicia coja y tardía…
Después de cinco años, el Tribunal Administrativo de Córdoba condenó a la Nación por el crimen de Yolanda Izquierdo Berrio. Se dice en la sentencia que la Fiscalía General fue negligente “al no proteger “ a la líder de más de 800 campesinos que solicitaban la restitución de las tierras de que habían sido despojados, pese a que se había dirigido, mediante escritos pertinentes, a la Fiscalía Delegada de Justicia y Paz para que se le incluyera en el programa de protección a las víctimas, También quedó demostrado que denunció oportunamente a la Fiscalía las amenazas de muerte que había recibido en aquella época, para que cesara en sus reclamos públicos y en sus solicitudes ante la justicia, en ejercicio de los claros derechos que tenía para actuar en defensa de los campesinos que representaba.
Yolanda Izquierdo no fue escuchada y como frecuentemente ocurre en Colombia, le llegó primero la muerte que la justicia.
El asesinato de Yolanda Izquierdo, no debió ocurrir. Pero casos como el de ella, se repiten. Varios son ya los asesinatos que en territorios de los martirizados departamentos de Córdoba y Sucre se han presentado contra líderes campesinos, y en cuyos territorios no existen -al parecer-, las condiciones debidas para poner en marcha el plan de restitución de tierras. El propio presidente Santos, a través de su cuenta en Twiter “condenó” el asesinato de otro reclamante de tierras en el Carmen de Bolívar. (El Meridiano 21-06-012). Pero poco valen, incluso, las protestas presidenciales, cuando no se dan las garantías para que se desarrolle la Ley de víctimas y de de restitución de tierras, dentro del marco de inseguridad reinante en varios lugares del país. Y de eso debe responder quien tiene a su cargo el mantenimiento del orden público en toda la Nación, esto es, el Presidente de la República y las autoridades que actúan bajo su mando supremo. No busquemos el ahogado aguas arriba, dice la sabiduría popular…
En este sentido, los autores de dicha ley, entre éstos el senador Cristo, quien acaba de recibir un justo homenaje por su labor encomiable en la adopción de esa iniciativa legislativa -aporte del liberalismo a la política de unidad y de paz-, deben vigilar que los buenos propósitos no se queden en el papel, y exigir que haya periódicamente una rendición de cuentas sobre su cumplimiento.
Los cordobeses recordamos, con indignación, que no se le prestó a Yolanda Izquierdo la protección que ella demandó, con ruegos a las autoridades, ante las amenazas que recibió por ejercer su liderazgo valeroso. Y no son las condenas pecuniarias contra el Estado, las que le den tranquilidad a una sociedad que sigue golpeada por todas las formas de violencia. De ninguna manera tal situación corresponde al país que se nos prometió. Nuestro Presidente, más de una vez, ha denunciado que existe una mano negra que atenta contra la estabilidad del país.