No estamos solos…
Ya no estamos solos en nuestras críticas contra la Sentencia C- 258, a través de la cual se violaron los derechos adquiridos no solamente de los pensionados de Colombia sino de un universo mayor de ciudadanos , quienes acaso no lo habían advertido dada la sesgada campaña mediática que, en lugar de informar bien desinformó de mala manera a la opinión pública, al referirse a los excongresistas y exmagistrados como únicos destinatarios del mencionado fallo judicial .
En efecto, dos destacados juristas y columnistas, los doctores Ramiro Bejarano y Néstor Hernando Martínez, el primero en El Espectador y el segundo en Ámbito Jurídico -publicación de Legis-, encendieron también las alarmas por las consecuencias nefastasque para los inversionistas nacionales y extranjeros traerá dicho fallo, en medio “del alborozo de la galería”, como lo anotara el doctor Martínez o “satisfacción de la tribuna”, como lo acotara el doctor Bejarano, en su nota de 11 de mayo del presente año.
¡Vaya si sería pertinente reproducir dichas columnas! Pero, por razones de espacio, no se nos sería permitido.
Con todo, cómo no registrar la franca indignación que le produjo al doctor Néstor Humberto Martínez, exministro de Estado, la “felonía” -como el la califica-, “que se está consolidando en Colombia contra el Estado de Derecho, por el desconocimiento de cualquier clase de derechos adquiridos de buena fe y con justo título”, como se hace en la sentencia C. 258 .
El mismo jurista afirma, con sobrada razón, que ese “deprecio institucional por los derechos adquiridos, “no puede ser modelo de protección a las inversiones que, en últimas, son las que jalonan el desarrollo económico y social del país“. Y lo peor, afirma también, es que la Corte Constitucional le esté dando a sus fallos efectos retroactivos, lo que entraña, sin exageración alguna, un atentado contra la seguridad jurídica del país.
Quienes hayan leído mis columnas y aquellos que escucharon mi intervención el 20 de enero del presente año en la Sala de audiencias de la Corte Constitucional podrán concluir que hay una total coincidencia entre mi posición jurídica y la de los doctores Martínez y Bejarano.
Me ha llamado la atención, finalmente, que en el episodio de “felonía” a que alude el exministro, doctor Martínez, hayan sido protagonistas, como conjueces, los rectores de las universidades Externado de Colombia, Javeriana y del Rosario, cuando los catedráticos que enseñan derecho constitucional en dichos centros de educación superior les dicen, en cambio, a sus alumnos, que en Colombia se deben respetar los derechos adquiridos -por ser de carácter fundamental-, y porque así se consagra en nuestra Constitución Política.
Por ello hemos dicho que la Sentencia C 258 es un histórico disparate judicial.