El Consejo de Estado francés emitió este mes una decisión histórica e innovadora a raíz de demanda por “inacción climática” presentada en 2019 por el alcalde de Grande-Synthe, población costera del norte, a la que se sumaron las ciudades de París y Grenoble, así como ONG medioambientales, pidiendo el cumplimiento de los compromisos que asumió el país para reducir el 40% de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, en abril de este año el gobierno Macron redujo el cumplimiento de metas entre 2019 y 2023, lo cual también afecta la trayectoria del cumplimiento total a 2030. El alto tribunal ordenó al gobierno, en un plazo de tres meses, responder con la demostración de que va a respetar la trayectoria para lograr las metas comprometidas de reducción de GEI.
Las respuestas a la crisis global han puesto sobre la mesa la importancia de acelerar cambios y mejorar el cumplimiento de metas en reducción de GEI. Por ello, actores como la Cepal han planteado la necesidad de cambios fundamentales en el modelo de desarrollo sustentado en economías altas en carbono. Sin embargo, otros reclaman con urgencia retornar a la normalidad y avanzar en la recuperación económica, intensificando las economías basadas en el petróleo y el carbón. Es decir, mantener el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es uno de los dilemas más importantes de la actual crisis.
Mientras tanto el cambio climático arrecia sus efectos con altas temperaturas y sequías; aumento de lluvias e inundaciones, y el incremento de huracanes en el Caribe como Iota que golpeo como nunca nuestras islas de San Andrés y Providencia.
Si bien es posible que la reducción de gases de efecto invernadero no resulte significativa para países como Colombia desde el punto de vista de su contribución global, a nivel local es fundamental por la necesidad de mitigar sus efectos y mejorar la calidad del aire. Las emergencias ambientales en Bogotá, Medellín o Bucaramanga son clara manifestación de esta realidad que tiende a ser permanente y que se ha mantenido controlada por efecto de las restricciones decretadas por la pandemia.
El compromiso de Colombia también comprende tomar medidas para la adaptación al cambio climático. Sin embargo, por la vulnerabilidad e impacto que muestra la actual temporada invernal, es evidente que en este terreno vamos mal y lento, pese a que el Sistema Nacional de Cambio Climático se adoptó desde 2016, y de contar con algunas acciones como en la región de La Mojana.
Frente a la actual situación climática que vive el país, algunos congresistas han solicitado declaratoria de emergencia -Art.215-CP-, que ante la realidad del cambio climático nos llevaría a vivir permanentemente en Estado de Emergencia. Es decir, en excepcionalidad casi permanente y con los efectos que tiene para el normal funcionamiento del sistema democrático. No, el cambio climático ya no es una sorpresa. El Acuerdo de París debe implementarse. Lo responsable es adoptar y reforzar medidas, y lo más importante: acelerar la transición a un modelo de desarrollo bajo en carbono.
@Fer_GuzmanR