Acaso la política fiscal más responsable que venía desplegando la administración Petro era la de ajustar el precio de los combustibles. Primero la gasolina y luego, se había dicho, empezaría la del diésel.

Todo esto queda suspendido con el arreglo que para evitar un paro acordó inopinadamente el gobierno Petro, estableciendo un precio diferencial para los taxistas.

Esta decisión tiene en primer lugar, gigantescas dificultades operativas: ¿cómo se va a evitar el arbitraje, es decir, que los taxistas revendan a precio no subsidiado lo que reciban a precio congelado? ¿Cómo se va a controlar en las 5.500 estaciones de servicio que funcionan en el país para que no haya doble tanqueo de los carros amarillos? ¿Dónde están los sistemas de control para evitar consumos desmedidos por parte de los taxistas? ¿se va a congelar también el precio de las carreras de los usuarios? Ahora se habla de un complejo subsidio directo a los taxistas que pagará el Banco Agrario.

Pero lo más grave será que la congelación del precio del combustible a los taxistas arrastrará, sin duda, la no implementación que se tenía pensada en el precio del diésel, una vez que termine el ciclo de ajuste de la gasolina.

Hay que recordar que el diésel representa cerca del 70% del déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles que este año se calcula terminará en niveles de $ 26 billones. Con el precio congelado para los taxistas y, lo que es más grave, con el efecto reflejo que tendrá al imposibilitar el ajuste en el precio del combustible para el transporte de carga, la mejor y más valerosa política fiscal que venía implementando el gobierno Petro queda hecha añicos.

Y no hay que olvidar: a mayor déficit del fondo de estabilización menor margen para inversión social o para infraestructura. El costo de desactivar el paro de taxistas tendrá un efecto mucho más delicado que el que se ha percibido a primera vista. El gobierno Petro que venía matando valerosamente el tigre del subsidio a los combustibles se asustó con el cuero de un paro de taxistas.

Las posibilidades de cumplir con la regla fiscal dependen en gran medida del cumplimiento del cronograma que se había fijado para desmontar el subsidio a los combustibles que es el mayor que existe en las cuentas públicas colombianas. Será muy improbable que se pueda cumplir el año entrante con las normas de prudencia que entraña la llamada regla fiscal.

La congelación del precio de la gasolina a los taxistas tendrá entonces consecuencias mucho mayores de las que se avizoran a primera vista. Algo parecido a lo que aconteció con la congelación del precio de los peajes para 2023, que no solo terminó generando un alto pasivo para el gobierno de más de un billón de pesos (lo que cuesta resarcir a los concesionarios congelados), sino que de contera ha sembrado una nube de duda sobre el respeto que se vaya a prestar en adelante a los contratos de concesión de los que depende todo el amplio campo de la infraestructura.

Similar también a los efectos que ha tenido la congelación que se decretó en el Soat de las motos del 50% en la tarifa del seguro (también para desactivar protestas) que no ha servido para que los moteros se aseguren. La evasión del Soat sigue siendo gigantesca (78%), al paso que la cultura del no pago se fortaleció y la inseguridad en este modo de transporte sigue rampante.

Las medidas populistas por cuenta de la política fiscal nadie las termina reconociendo, pero siempre acaban desarreglando el sistema de precios con repercusiones generalmente costosas para los más débiles.