La esperada reforma del sistema general de regalías, Ley 2056/20, aunque no salió con todo el alcance que se buscaba desde las regiones, en general dejó un grado importante de aceptación en sectores políticos y económicos; pues aumentó el porcentaje de asignaciones, amplió el esquema de distribución e induce la simplificación de la gestión entre los distintos actores.
Sin embargo, llega en momento difícil para contar con un aumento significativo de ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos y minerales, pues además de la volatilidad de los precios del petróleo durante los últimos años, está la aceleración en la adopción internacional de medidas para la transición energética, así como las restricciones de la actual crisis económica, y la presión por una pronta recuperación; todo lo cual presentan un escenario de amplias expectativas y alta incertidumbre para las regiones y la gente.
De otro lado, se debe considerar que como efecto de la crisis socioeconómica en el marco de la pandemia del Covid-19, se ha dado mayor relevancia a la dimensión ambiental del desarrollo, lo cual tiene importantes consecuencias en las industrias extractivas, sobre todo de combustibles fósiles, pues parecería marcar la recta final para el petróleo en relación con la movilidad urbana, por ejemplo. Y paradójicamente los países de ingreso medio y bajo, duramente golpeados por esta crisis, están poniendo una parte significativa de sus expectativas de recuperación y crecimiento económico en dichas actividades primarias, lo cual los pone ante esta disyuntiva, como es el caso de Colombia.
El Acuerdo de París sobre cambio climático -suscrito y ratificado por Colombia, Ley 1844/17- pone en cuestión el crecimiento con base en emisión de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, y ello implica compromisos con la transformación de las economías y los modelos de desarrollo. Colombia no es ajena a la agenda climática y ambiental, por ello tiene sobre la mesa el avance en las contribuciones nacionales al Acuerdo de París -reducción de emisiones en 20% a 2030-, la aprobación del Acuerdo de Escazú -actualmente en el Congreso-, las metas de los ODS -retrasadas-, la reducción de la deforestación y la protección de los páramos, entre otros; todos compromisos reiterados recientemente por el presidente Duque.
Así las cosas, el dilema entre cambio climático y economía de mercado alta en carbono tiene que ver con la financiación por regalías y las dinámicas sociopolíticas territoriales. Las regiones productoras paradójicamente presentan altos índices de inequidad y conflictividad, así como baja participación política, y cercanía con la agenda ambiental y la paz. Además, para 2018, el 83% de municipios productores de minería y petróleo tenían desactualizados sus POT (DNP).
Las nuevas reglas del SGR incorporan la posibilidad de impulsar cambios socioeconómicos en las regiones sin desconocer, inclusive, un contexto de ciertos impactos políticos en razón de la tensión entre extractivistas y ambientalistas, entre lo nacional y lo local. Es parte del efecto SGR –que ahora incluye discretísimos recursos para protección medioambiental-, aunque de él no depende todo. Alternativamente, otro mejor escenario es la reforma de los tributos territoriales, pues sería un modelo muy distinto de atender las dinámicas y tensiones regionales, y de responder al cambio climático y los ODS.
@Fer_GuzmanR