Diariamente -y eso es lo que se sabe, pues no conocemos la mayoría de los casos- los medios de radio y televisión registran acontecimientos dolorosos, causados por la indolencia de las EPS e IPS, generalmente a raíz de la tendencia a no asumir los costos del servicio. Un servicio que no es gratuito. Que pagan los trabajadores y las empresas. Un servicio público esencial.

Los médicos se ven precisados a recetar lo más barato. Se niegan medicamentos e intervenciones y tratamientos urgentes y necesarios, alegando su excesivo costo, aunque estén en el POS (Plan Obligatorio de Salud).

Veíamos asombrados -sirvan como ejemplo apenas- dos casos conmovedores:

- Una mujer con cáncer no atendido, cuyo diagnóstico fue equivocado, ya que, según los medios, lo confundieron con gastritis o embarazo, clama en un video pidiendo que se le brinde la atención médica especializada que necesita con urgencia, dado su evidente peligro de muerte. Las instituciones prestadoras de los servicios de salud no se conmueven, y la mujer fallece, dejando en el más absoluto abandono a dos niñas de cinco y siete años.

- Una niña de tres años, afectada por una enfermedad denominada "huesos de cristal" -el solo nombre ya nos indica de qué se trata-, afección que implica que la niña no puede caminar ni mantenerse en pie, y cuyos miembros son frágiles en extremo, requiere una intervención quirúrgica que la podría salvar. Se la niegan. No se la practican, por cuanto a los intermediarios de la salud les parece muy costosa.

Pero la Constitución, que consagra el Estado Social de Derecho, y uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, señala que los niños tienen derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal física y mental, a la seguridad social, a un desarrollo armónico e integral, a una vida digna, a tener una familia (a la supervivencia de su madre, diríamos en el caso mencionado)...Y señala que esos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. E inclusive, al hablar de la famosa "sostenibilidad fiscal", el artículo 334 de la Carta Política establece que no podrán ser desconocidos los derechos fundamentales.

Pura teoría. Ni siquiera habiendo obtenido protección mediante fallos de tutela -por supuesto desacatados- se conmueven quienes tienen a la salud como un negocio y no como un servicio público esencial por el cual los particulares que lo presten deben responder ante el Estado. Pero el Estado hace "mutis por el foro". Guarda silencio. Un silencio cómplice, aunque, como expresó la Defensoría del Pueblo, deberían ser ejercidas las pertinentes acciones penales.

A los intermediarios nada los sobresalta. Ni el dolor de muchas familias, ni las muertes, ni las condiciones indignas en que viven algunos pacientes. Nada les importa el interés colectivo ni los derechos. Su única meta empresarial es la ganancia. No gastar, salvo en aquellos lujos hacia los cuales se desviaron los recursos en el caso de Saludcoop.

De nada sirvió la Ley Estatutaria que tanto pregonó el Gobierno como el más alto logro en materia de salud. Y quieren desalentar la tutela, o hacerla ineficaz.

Las cosas en esta campo siguen iguales, o peores. El sistema es inhumano.

Nos preguntamos: ¿Este es un Estado Social de Derecho, que así celebra los 25 años de una Constitución democrática?