La situación carcelaria en nuestro país alcanzó un nivel de desorden monumental que nadie puede negar. Nos encontramos ante límites intolerables y vergonzosos, estamos ad-portas de sucumbir ante esta crisis, a menos que tomemos medidas radicales.

Es el gobierno quien debe fijar las pautas, destinar los recursos necesarios, tomar las decisiones  políticas y comprometer al país en una campaña para lograr la reformulación del sistema penitenciario, solución que la comunidad clama con urgencia y  es, como lo venimos sosteniendo, una decisión política que no puede aplazarse más. Recordemos que el actual ministro de Justicia, al asumir su cargo, mostró reticencia a presentar un programa dirigido a la atención del sector carcelario. Es sabido que este sistema lleva años deteriorándose sin que los gobiernos anteriores lo hayan mirado con preocupación y responsabilidad.

Urge la construcción de cárceles modernas, soportadas en tecnología de punta, bien dotadas y conminatorias para la delincuencia en general; en la actualidad, la superpoblación en estos centros, algunos consolidados, reglamentados, económicamente sostenidos y otros improvisados, es aterradora. Aunque el ministro habla de reinserción antes que, de castigo, es un objetivo que solo se logra contando con instalaciones adecuadas tanto para la sanción, como para la reintegración social.

No podemos continuar improvisando las estaciones de policía, concebidas para la concentración, alojamiento, instrucción y descanso de nuestros patrulleros y mandos. Desde años atrás se han convertido en lugares de reclusión y esta situación ha llevado al personal policial a asumir responsabilidades de control, cuidado y vigilancia de una población que no debería estar bajo su custodia. Es vital retomar la posesión de estas dependencias institucionales y devolverles su propósito original. La superpoblación carcelaria no solo deteriora las condiciones de vida de los reclusos, sino que afecta gravemente el funcionamiento de nuestras instituciones policiales. En este contexto, la construcción de nuevas cárceles y la modernización de las existentes no es solo cuestión de infraestructura, sino una necesidad urgente para garantizar un sistema digno y efectivo a los reclusos, liberando la policía de tareas que no le corresponden.

La reingeniería de los protocolos del ámbito carcelario debe incluir políticas claras y efectivas de resocialización esto implica un enfoque integral que aborde la educación, el trabajo y la rehabilitación dentro de los centros penitenciarios. Solo así podremos aspirar a reducir la reincidencia y reintegrar los individuos a la sociedad de manera productiva.

En conclusión, la crisis carcelaria que enfrentamos requiere una respuesta contundente y decidida por parte del gobierno. No podemos seguir permitiendo que la improvisación y la falta de recursos agraven aún más esta situación. Es momento de actuar con firmeza, asignando el presupuesto adecuado y comprometiendo a toda la sociedad en una cruzada por un sistema penitenciario justo, moderno y eficiente. Solo así podremos garantizar la seguridad y el bienestar que el país y la ciudadanía anhelan.