Poco antes de retirarse de la lid por la jefatura de Estado, Juan Carlos Echeverry dio a conocer su respuesta a la Carta a los Presidenciables que envió el llamado grupo del Consenso de Bogotá, integrado por una veintena de hombres públicos de reconocida trayectoria.

El documento Echeverry es de lo más importante que se ha publicado en los últimos años sobre la política económica colombiana. Estamos acostumbrados a los análisis adocenados de nuestras circunstancias en los cuales solo las cifras tienen valor esencial y orientados siempre por la ortodoxia del Consenso de Washington, tan ajeno a la realidad lacerante de los países latinoamericanos.

“¿Por qué insistir en multiplicadores que no funcionan?”, se pregunta Echeverry refiriéndose al recetario de reformas formuladas por sus interlocutores. Ese interrogante explica en parte la decepción con el sistema democrático que se manifiesta claramente en los estudios de opinión repetidamente publicados.

Se hacen reformas y reformas que “resultaron ineficaces para cambiar la realidad de 10 millones de familias más pobres”.

Cuando los ciudadanos no ven mejoramiento en sus vidas, tienden a buscar que sus necesidades sean resueltas por el régimen que sea. Es que ya no basta la tan cacareada igualdad de oportunidades, urgen políticas “que compensen la desigualdad de las trayectorias”.

Los tiempos exigen romper con los esquemas mecanicistas de la economía, exigen cambios que sienta la gente que son para su bien, como lo plantea Juan Carlos Echeverry.

“La economía actual sucede básicamente en 49 municipios de Colombia donde hay alto valor agregado… En los restantes 1.073, ocurre muy poco valor agregado… Se necesita crear nueva economía en todo el territorio nacional, en especial en los de poco valor agregado… Esto implicaría una transformación a fondo del Estado actual, ineficaz, ombliguista, entorpecedor y centralista”.

A esa radiografía tan perturbadora se debe seguramente la poca favorabilidad de que goza el gobierno Duque cuando, por el contrario, nuestras cifras muestran uno de los mejores comportamientos en la reactivación de la economía a nivel mundial. Es más, ante el espectáculo doloroso de las carencias que acrecentó la pandemia, el Gobierno se la jugó por el salario mínimo de un millón de pesos ($1.000.000) y, a su vez, para amainar la inflación, desindexó el 89% de los ítems que estaban a atados al salario mínimo, como lo afirmó el ministro de Hacienda.

Echeverry defiende la medida y pide la desindexación ya ocurrida. Ciertamente, insistir en que el alza del salario destruye empleo, es más que terquedad, es ceguera insensible, sobre todo, después del premio nobel de economía 2021 a David Card, quien analizó los efectos del salario mínimo en el mercado laboral.

El documento Echeverry, imposible de reseñar en una columna, tiene la virtud de salirse de la trilla que recorremos por inercia. Es un gong despertador que debe ser escuchado por la dirigencia democrática colombiana. Es un novedoso Programa de Estado que corresponde debatir a los candidatos a la presidencia. Se habla mucho de las graves consecuencias de la combinación desigualdad sin empleo, pero se hace muy poco por combatir la situación. Es hora de que la controversia política se centre en cómo superar las dificultades inmensas que afronta el país y, en especial, nuestras clases vulnerables. Los efectos terribles de esta pandemia, que nunca cesa, están presentes en nuestro día a día.

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PS. No pretendo desconsiderar la carta del grupo de Bogotá. Es apreciable la responsabilidad con que han asumido el actual debate electoral. Hay buena fe, inteligencia, investigación y experiencia que ponen al servicio del país. Tienen todo mi reconocimiento.