La Fiscalía General de la Nación es un órgano judicial, creado en la Constitución de 1991 para reemplazar a los jueces de instrucción criminal, cuya función principal es investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Como todo órgano judicial está obligado a ser absolutamente imparcial y no político. En la actualidad tiene más de 25.000 empleados y un presupuesto de alrededor de dos billones y medio de pesos.

Como es obvio, siendo el investigador e impulsador de los procesos, es responsable en buena parte de la impunidad criminal en Colombia. En otra lo son, naturalmente, los jueces desde los de pueblo hasta las altas cortes. En el Índice Global de Impunidad, Colombia aparecía en 2015 en el tercer lugar con un 75.6 % de impunidad  aunque realmente sea más del 90%. En 2015, 8 de cada 10 asesinatos quedaron impunes porque, según la Corporación Excelencia de la Justicia, la Fiscalía no pudo identificar al sujeto, lo que demuestra graves fallas en los cuerpos investigativos. Se atraca y asesina porque el crimen queda impune. La gente solamente denuncia el 25% de los delitos porque sabe que las investigaciones no avanzan y tiene miedo de que los implicados salgan sueltos como sucede con mucha frecuencia.

A Néstor Humberto Martínez, en buena hora elegido Fiscal, le tocará lidiar con ese chicharrón.  Llega a manejar un paquidermo enorme e ineficiente, cuando no corrompido. La herencia de Montealegre no es buena. Hay cientos de contratos de servicios para pagar favores, como los de miles de millones de Natalia Springer, y procesos políticos con falsos testigos contra los militares y los amigos de Uribe. Y, por supuesto, la impunidad es rampante.

Pero hay que ser optimistas. Martínez es un abogado muy bien calificado, con una gran experiencia en el sector público y el privado.  Y, curiosamente, en este país le critican que no es experto penalista  --aunque de los ocho que le precedieron, casi todos bastante malos, varios no eran penalistas- y que ha tenido muchos clientes privados y le va a tocar inhibirse en muchos casos. Pero, en realidad lo que les molesta es que Martínez tiene una cualidad fundamental: es honesto.

***

Coda: Durante el gobierno del presidente Turbay se expidió el acto legislativo 1 de 1979 que tocaba varios aspectos relacionados con la justicia. Después de muchas peripecias, por sentencia del 3 de noviembre de 1981 la reforma fue declarada inconstitucional. La Sala Plena estaba conformada por 16 conjueces y solamente siete titulares. Los conjueces reemplazaron otros tantos magistrados que se declararon impedidos para decidir sobre una reforma que les concernía. La Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional el Tribunal de Aforados que, en vista de que la Comisión de Acusaciones de la  Cámara era un organismo inútil,  contemplaba una jurisdicción especial para, entre otros, el Fiscal y los miembros de la Corte. La demanda fue del entonces Fiscal Montealegre y decidida por la Corte, ninguno de los cuales se declaró impedido para demandar o para decidir su propio caso. Una vergüenza.