Preocupación a nivel nacional por el curso político que está tomando el país. Nunca antes en la historia, la delincuencia había tenido tantos privilegios y facilidades para salir incólumes, además premiados por sus andanzas y fechorías. Si se observa seria y responsablemente el devenir del actual gobierno, la intención a través de un programa denominado “paz total”, es el camino expedito a la impunidad de la delincuencia que ha venido azotando a Colombia por varias décadas.
Este programa anunciado por el presidente Petro es una versión más audaz y sofisticada de la paz del gobierno Santos, que no dio ningún resultado más allá de un premio Nobel para el expresidente, pero todo lo contrario, se les dio a los criminales un estatus político sin precedentes ubicándolos en el Congreso, se les montó un Tribunal de Justicia Especial JEP para librarlos de responsabilidad judicial, pero si más bien juzgar a miembros de la fuerza pública que combatieron la delincuencia.
En campaña el hermano del presidente Petro visito y ofreció rebajas de penas y otras prebendas a políticos corruptos condenados, a los delincuentes y vándalos de La Primera Línea se les ha ofrecido soltarlos por encima de la justicia y últimamente la Fiscalía negó liberar a otros delincuentes a solicitud del presidente Petro.
De otra parte, el país se sorprendió cuando el mismo presidente a viva voz autorizo a los campesinos que continuaran cultivando coca. No se puede dejar de conocer el interés y llamado del gobierno a sentarse a dialogar y llegar a acuerdos con grupos del crimen organizado como El Clan del Golfo, Los Caparros, Los Panchecas, las Autodefensas Gaitanistas y todos aquellos grupos altamente delincuenciales y narcotraficantes, agentes de los carteles mexicanos que tienen tentáculos en nuestro país y otros más del continente, que nunca estarán interesados en dejar esa lucrativa actividad, más sí lograr una protección del Estado.
Bueno, todo esto y mucho más vienen siendo algunas de las piezas anunciadas que hacen parte de lo que llaman “la paz total”. Que es un catálogo de impunidad y de imperio del delito, donde los criminales toman estatus y poder político. Con el delincuente no se negocia, se le somete, principio universal de seguridad.
Pero todo esto no es de extrañar pues el país eligió a un presidente que viene de un pasado delincuencial unido a todo ese tipo de prácticas ilegales, desde que se enroló a temprana edad en grupos alzados en armas, terroristas que secuestraron, extorsionaron, vacunaron, boletearon, traficaron y asesinaron entre otros delitos más.
Al parecer por lo que va en el inicio de este gobierno, se ha visto el debilitamiento de las fuerzas armadas, que tienen la obligación de salvaguardar el orden, la vida y la seguridad ciudadana, someter la justicia a voluntad del Ejecutivo, coartar los organismos de control y como consecuencia de ello, el incremento de la delincuencia como lo demuestran las estadísticas.
A todo esto, los partidos políticos a excepción de unos pocos que no se alistaron con el gobierno, le están haciendo irresponsablemente el juego a esa peligrosa estrategia, que como va traerá grandes y costosas consecuencias al país.