Posiblemente los máximos responsables de la agresión y la invasión rusa a Ucrania no comparezcan jamás ante un tribunal de justicia.  Ni ante uno ruso -por obvias razones-, ni ante uno internacional (como la Corte Penal Internacional, o un tribunal ad hoc) -por otras razones, igualmente obvias-. Pero una cosa así, por plausible que sea, debería decirse con cautela.  Si algo ha quedado demostrado el último año es que aquello que parece imposible puede acabar siendo más que probable…

La cuestión de la responsabilidad penal por la agresión a Ucrania, en todo caso, ha estado sobre la mesa desde el principio y estará ahí hasta el final, y puede que incluso después. Aunque no es parte en el Estatuto de Roma, desde 2014 Ucrania reconoció la jurisdicción de la CPI respecto de crímenes de su competencia presuntamente cometidos en su territorio.  Con base en ese reconocimiento, desde marzo del año pasado, 43 Estados parte en el Estatuto -entre ellos Colombia- han remitido al tribunal la situación generada por la invasión rusa en Ucrania, acelerando la apertura formal de una investigación por parte de la Fiscalía, que actualmente abarca posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y actos de genocidio.  Nada de esto garantiza un juicio, y si alguna justicia cojea es la justicia penal internacional, que a veces no sólo cojea, sino que no llega. Pero la intervención de la Corte constituye un hecho jurídico y político monumental como un templo.

Lo que no podría hacer la CPI, por limitaciones derivadas de su marco jurídico, es investigar y juzgar el crimen de agresión. Tal vez por eso la idea de crear un tribunal especial no ha perdido su fuerza. El gobierno ucraniano dedica a promoverla parte de su acción diplomática, y no sin hallar un eco importante.  Ya han circulado borradores de resolución en ese sentido por los corredores de la ONU, y el 19 de enero la iniciativa fue masivamente apoyada en el Parlamento Europeo. Numerosas redes de asociaciones cívicas en todo el mundo se han activado para presionar a gobiernos y organizaciones internacionales, y para movilizar a la opinión pública en esa dirección.

En ese contexto se ha proferido la primera acusación directa contra Vladimir Putin por el crimen de agresión.  No por un tribunal formalmente establecido, sino por la “Corte de Ciudadanos del Mundo”, una plataforma global que asumió el conocimiento del caso de Ucrania y cuyos jueces se pronunciaron unánimemente justo el pasado 24 de febrero. Su veredicto imputa a Putin “más de mil casos de crimen de agresión cometidos contra el territorio y el pueblo de Ucrania desde aproximadamente enero de 2021”, e “insta a Naciones Unidas, la Unión Europea y todos los Gobiernos y pueblos de este mundo a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que un tribunal con competencias jurídicas” lo detenga y enjuicie lo antes posible.

Si ninguna corte en el mundo hace responsable a Putin, “los ciudadanos del mundo lo harán”, ha dicho Ben Ferencz, el único de los fiscales de Nuremberg aún vivo, y patrono de la plataforma. Y así quedará para la historia. 

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales