Se cuenta que, durante la revolución francesa, cuando pasaban las múltiples manifestaciones de entonces frente a la casa de Danton, éste le decía a su señora: “averíguame contra qué protestan para salir a apoyarlos”.

Ahora, cuando se están convocando por el presidente Petro concentraciones tumultuarias para salir a las calles a apoyar reformas que aún no se conocen, habría un más motivo conocido y urgente para protestar: el mercurio.

El Estado colombiano contrajo solemnes compromisos internacionales para proscribir su uso que se están incumpliendo protuberantemente. En efecto, en 2013, Colombia firmó el convenio de Minamata que estipulaba que para el 2018 el uso del mercurio debería rebajarse a la mitad y para el 2023 debería estar abolido totalmente en labores de minería. Recuerdo muy bien cuando la ley que así lo disponía la hicimos aprobar con toda energía en el congreso de la república. Nada ha pasado, sin embargo. Y, como sucede tan frecuentemente en Colombia, la ley se ha quedado escrita tristemente.

Según datos divulgados recientemente por la Procuraduría, en 85 sitios debidamente localizados se siguen explotando los placeres aluviales de oro a base de mercurio. La tragedia ambiental y sanitaria que ello acarrea se ha ilustrado recientemente con lo que viene sucediendo en Santander y en Bucaramanga. El máximo contenido tolerable de mercurio en el agua para consumo humano es de dos microgramos por litro. En el acueducto de la capital santandereana se han detectado concentraciones mucho mayores: de 55,100 y hasta 163 microgramos por litro, advirtió el gerente del acueducto de Bucaramanga.  Y el procurador delegado Guerrero ha hecho la siguiente aterradora revelación: “desde hace un año se vienen identificando en monitoreos concentraciones de mercurio de hasta 160 veces los límites permitidos en la cuenca del rio Suratá que reciben las aguas en las que se vierten los residuos de las actividades mineras, especialmente del municipio de California” en Santurbán.

Este panorama espectral no es desde luego exclusivo de Santander. Se repite en el bajo Cauca Antioqueño, en el Choco, en Bolívar, en Córdoba, en Nariño, y en otras regiones donde se siguen explotando irresponsablemente a base de mercurio los aluviones auríferos.

Recuerdo con mucha claridad cómo la primera visita que hizo el equipo del presidente Santos el 8 de agosto del 2010 fue a La Mojana, entonces completamente inundada como ahora. La comunidad, sin embargo, para sorpresa de todos los asistentes, lo que le reclamó ahincadamente al presidente recién posesionado no fue tanto por la inundación sino por la ausencia de mano firme contra la explotación minera en el bajo cauca antioqueño cuyas aguas, desbordadas, pero ante todo contaminadas con mercurio, terminaban matando los niños en los municipios de La Mojana.

De esa experiencia nació la idea de impulsar una ley que prohibiera de una vez por todas el uso del mercurio en cualquier clase de minería: grande, mediana, pequeña, formal o informal. Así se hizo con la ley 1568 del 15 de junio del 2013. Pero sus propósitos se han quedado escritos lastimosamente, como queda dicho.

Este descuido gubernamental en hacer cumplir las leyes no se puede escudar con el argumento de que con la pequeña minería de aluvión se debe ser tolerante. Pues resulta que allí se viene concentrando el mayor foco de la mortífera contaminación con mercurio.

Hay que felicitar, por ejemplo, a la fuerza pública por los valerosos operativos que viene desarrollando en comarcas como Timbiquí, Nariño, donde la utilización del mercurio se está haciendo con descaro y a la luz del sol. La destrucción de dragas y retroexcavadoras que allí se viene ejecutando es digna de todo aplauso.

Si Danton viviera en Colombia en estos tiempos nos invitaría a salir a la calle a protestar “con audacia, con más audacia y siempre con audacia”- como él decía en sus discursos- contra la utilización del mercurio en la actividad minera.