El presidente de la República sancionó, a finales del año pasado, la ley  2167 de 2021, mediante la cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar (PAE). La ley ordena a los entes territoriales que manejan los programas del PAE que aseguren los recursos desde el primer día del  calendario escolar y planeen y administren los programas, lo cual, obviamente, deberían estar haciendo sin necesidad de ley, sobre todo cando ésta no añade nada a lo que ya ha reglamentado la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), una dependencia del Ministerio de Educación que, mediante Resolución 335 de diciembre de 2021, determinó en líneas generales  las directrices técnicas y los estándares y condiciones mínimas del programa. Establece unos comités y mesas de trabajo para fomentar la participación y el control social en las instituciones durante la planeación y ejecución del Programa, para optimizar su operatividad y mejor atención. Pero no establece sus funciones y mucho menos los mecanismos de sanción.

El artículo 3° de la ley dice que en las instituciones ubicadas en zona rural, a donde no pueden o no quieren llegar los contratistas del PAE, y en las que la asociación de padres de familia haya manifestado su interés en encargarse de la prestación del servicio lo podrán hacer, pasando a ser los operadores con los debidos controles de los rectores y la vigilancia de la UApA.

Todos los días vemos los escándalos que se presentan porque los contratistas de los alimentos no cumplen satisfactoriamente con sus obligaciones y suministran -a veces ni siquiera lo hacen- alimentos escasos o en malas condiciones y sin estándares nutritivos. Por eso he sugerido en esta columna que se reglamente un sistema cooperativo para que los padres de familia se hagan cargo de la alimentación escolar, lo cual tendría adicionalmente la ventaja de dar empleo a las madres de familia. Las madres no van a robar a sus hijos. Si este mecanismo funciona, podría llegarse incluso a que se suministren a los estudiantes los útiles a precios alcanzables o, por qué no, gratuitamente.

Al reglamentar esta ley el Mineducación debería diseñar los estatutos de las cooperativas incluyendo la participación de los padres de familia y los rectores de los establecimientos, así como las facultades de contratar con el gobierno los fondos para operar, así como los controles del gobierno y montar un departamento de asesoría para establecerlas. Sólo de esta manera se logrará acabar con la corrupción que afecta a siete millones de niños, muchos de los cuales solamente cuentan con lo que les suministran en la escuela como única comida al día.

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Coda: Se acusa al gobierno como responsable de la inflación y de los altos precios del dólar. Como en todas estas acusaciones mamertas, se pasa por alto que la inflación es un fenómeno universal causado por la pandemia que generó problemas de suministros y de transporte y escasez de materias primas: Para no mencionar a Venezuela cuya tasa puede llegar al 1.000%, tenemos a Argentina con más del 50% (100% desde que subió Fernández), Brasil superó el 10%, México el 7.4%, Chile 7.2%, Perú 6.4% y Colombia 5.62%. Se dirá que mal de muchos, consuelo de bobos, pero de lo que se trata es de probar que no es un fenómeno aislado ni nacional.

En cuanto a los dólares, Colombia tiene muchos problemas con su balanza comercial y si no exportamos más estamos perdidos. Pero ojo: Petro quiere que, en vez de exportar productos mineros, incluidos petróleo y gas, exportemos aguacates.