Los últimos días ha aparecido un verdadero rosario de caprichos del presidente Petro. Todos los días aparece uno nuevo, siempre costosos para el fisco, y de muy dudosa utilidad.

Uno de estos embelecos es meter el metro de Bogotá con trazado subterráneo por un buen trecho de la avenida Caracas. Este capricho frente a una obra que ya está licitada, financiada, con predios adquiridos y chinos trabajando, implicaría un sobrecosto -según sea la opción que se escoja- de entre $ 12 y $8 billones, lo que elevaría el valor total de la obra inmensamente. Y retardaría por lo menos seis años la terminación del metro de la capital.

No quiero referirme por el momento a la dudosa justificación que se le ha dado a este embeleco presidencial: preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de la avenida Caracas, pues francamente no se entiende qué patrimonio se va a preservar al hacerlo subterráneo y no elevado, tratándose de una de las avenidas más feas y desvencijadas de la capital de la república.

Tampoco voy a entrar a analizar si la nueva propuesta vulnera el principio de la contratación pública que prohíbe que las obras ya adjudicadas se adicionen -sin nueva licitación- en más del 50% del valor inicial.

Voy a referirme solamente a los aspectos fiscales que la ejecución de este embeleco entraña. La línea uno ya tiene el cierre financiero asegurado de conformidad con la ley vigente de metros que estipula que en las obras de transporte masivo la nación pagará el 70% y el municipio donde la obra se realice el 30%. La alcaldesa de Bogotá -con buenas razones- le ha dicho al equipo presidencial que si quieren volver a barajar el proyecto de metro que lo hagan, pero que Bogotá no asumirá un centavo de los costos adicionales que represente el tramo subterráneo.

A lo cual el gobierno central responde orondamente: perfecto, no se preocupe señora alcaldesa. Nosotros introduciremos en la ley del Plan de Desarrollo que se va a tramitar próximamente en el Congreso una autorización para que el gobierno central pueda asumir el 100% de los sobrecostos que acarree la satisfacción del capricho presidencial.

Como las vigencias futuras pueden con todo, quizás no habrá dificultad para agregar los billones que vale esta nueva idea a la abultada suma de compromisos presupuestales futuros que ya ascienden a más de $160 billones. Pero lo que no tiene lógica alguna es que se utilice el facilismo de las vigencias futuras simplemente para atender los costos del nuevo capricho presidencial.

Sería una muestra de mal juicio fiscal que el Congreso, al estudiar la ley del Plan, se allane sumisamente a este nuevo diktat del actual inquilino de la casa de Nariño. Si lo hace, quedará sin autoridad alguna para oponerse a los muchos caprichos que están en camino.

Con un agravante: ¿qué pasará con las otras obras de infraestructura de transporte masivos que están en marcha en otras capitales o con las que se emprendan en el futuro? Pues con toda razón reclamarán un tratamiento análogo, es decir, que la nación asuma el 100% y no el 70% de los costos como lo estipula la legislación vigente.

Con este precedente -si prospera el capricho presidencial- será imposible que los futuros emprendimientos de transporte masivo demanden algún tipo de esfuerzo de parte de las municipalidades donde se vayan a realizar obras de transporte masivo. Haciendo aún más costosa e improbable la financiación de estos programas en el futuro.

Grave precedente. La actual ley de metros parte de una filosofía lógica: que el mayor esfuerzo fiscal lo haga la nación pero que las municipalidades beneficiadas hagan también el suyo. Esa sana filosofía volaría en mil pedazos si el último capricho de la casa de Nariño se abre camino finalmente.

El último capítulo de este capricho lo escribe ahora el ministro de transporte amenazando que si Bogotá no se aviene al capricho presidencial de enterrar el metro a lo largo de la Av. Caracas, entonces la nación suspenderá la financiación de otras obras que están adelantándose con la capital.

Es difícil encontrar una argumentación tan torpe como la del ministro de transporte. No solo es un chantaje inaceptable sino un verdadero prevaricato político. Hay contrato firmado para la línea uno; los recursos que la Nación le aporta a Bogotá no son una benevolencia: son la obligación legal que le impone la ley al gobierno central. Por lo tanto, no se puede chantajear a la capital con ellos.

Los caprichos presidenciales nos están saliendo muy costosos, no solo en términos económicos sino institucionales.