Uno de los principales problemas del continente es la generalizada falta de confianza, que, dicho sea de paso, también es creciente en el continente. De hecho, Latinoamérica y el Caribe es la región donde más se agudiza la desconfianza en el planeta.

La crisis es a todos los niveles: Interpersonal, frente al sector público y privado. Basta con decir que, en la región, el porcentaje de personas que cree que se puede confiar en los otros, es apenas del 11%. Es decir, solo una de cada 10 personas confía en los demás. En otras palabras, si ni siquiera confiamos en nuestros vecinos, compañeros de trabajo y hasta familiares, que podemos esperar de la confianza frente a las instituciones públicas o los líderes políticos. La desconfianza interpersonal, explica de alguna manera la polarización del país; las personas evitan tanto la información que contradice sus ideas, como a aquellos que no comulgan con sus convicciones. La descalificación permanente se volvió la principal herramienta para imponer la voluntad frente al otro. Ya se entiende por qué el populismo crece exponencialmente en la región, y sus exponentes, permanentemente buscan decir a sus conciudadanos lo que quieren escuchar, con el fin de ganar algo de confianza.     

Una situación tan endémica, exige que la confianza necesariamente tiene que convertirse en uno de los objetivos de la política pública. Aunque en todo caso, no es un trabajo exclusivo del Gobierno, es un empeño colectivo en el que los medios de comunicación pueden cumplir una labor muy importante. Alguna vez escuché un conferencista, quién decía que lo que más le extrañaba de los colombianos, era la forma como se flagelaban permanentemente. Como quien dice, esa sensación de que el país siempre anda peor que cualquier otro del planeta.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la desconfianza limita las inversiones productivas y desincentiva la expansión empresarial. Cada vez es más creciente la forma como las empresas realizan grandes inversiones improductivas, como la cantidad de dinero destinado a seguridad y protección, que alcanza cerca del 1.4% del PIB en América Latina. A su juicio, hay tres tipos de reformas que pueden ayudar a lidiar con este desafío: En primer término, reformas judiciales y del sector público, que permitan mayor agilidad en la respuesta a sus disputas con los demás o frente al Estado, así como mayores herramientas para exigir la rendición de cuentas. En segundo lugar, los organismos públicos deben tener más transparencia en la información, responder por las decisiones que adoptan y procurar mejor educación de la población. Por último, reformas como la transformación digital en la manera como se administra la política fiscal, un régimen regulatorio uniforme para todos y la creación de nuevas instituciones que sustituyan aquellas anacrónicas y desuetas.

Podría pensarse en promover con más fuerza la democracia participativa, donde la ciudadanía decida sobre ciertas políticas públicas. El plebiscito y la consulta popular pudieran ser muy útiles, en aquellas decisiones de gran impacto nacional -en diferentes países de Europa son herramientas de uso común-. En todo caso, y así suene repetitivo, el papel de los políticos es fundamental. Como representantes de la sociedad tiene deberes mayores, las discusiones deben girar en torno a las ideas y no a las circunstancias particulares o a los ataques personales, su comportamiento, tanto privado como público debe corresponder con la confianza depositada en ellos al momento de elegirlos.