Declarada la emergencia por el Covid-19  no es hora para que en Colombia un grupo de senadores presente el proyecto de ley de reforma tributaria que establece durante tres meses una “renta básica” a siete millones de personas en condición vulnerable, -todos lo somos-  modificando y adicionando lo determinado en el decreto legislativo 518 del 2020 por el cual se creó el Ingreso Solidario, cambiándole inclusive su nombre por el de Programa de Renta de Emergencia a cargo del Ministerio de Hacienda y del Departamento de Prosperidad Social con transferencias monetarias provenientes del Fondo de Mitigación, lo cual, para empezar, costaría más de veinte billones de pesos.   

La propuesta, así sea bien intencionada, carece de viabilidad; el Gobierno Duque no la apoya, imposible saber de qué capitales saldría  la “renta” aun cuando se habla de impuesto a patrimonios altos, situándose en contravía de decisiones adoptadas, algunas de ellas en proceso de revisión en la rama judicial, que en parte es factible sean declaradas inexequibles.

La iniciativa, de difícil comprensión, dibuja el erario como barril sin fondo. Hay unos pocos países donde existe la “renta básica” pero el experimento está cuestionado.  La Comisión Económica Para América Latina (Cepal) ha dicho que conviene solucionar, en la medida de lo posible, la pobreza absoluta en naciones de la América Latina, ideal que debe seguirse analizando.           

Sin ánimo de ofender  a los firmantes del proyecto de ley pido que lo retiren, ilógico eliminar de tajo  programas sociales construidos a través del tiempo y dar un salto al vacío bajo la premisa de que pueden reemplazarse con el  sistema de “renta básica,” afectando la producción y el empleo. Recuerdo en las memorias del emperador Marco Aurelio, agobiado por la peste que azotó a Roma y sus provincias, en el siglo II, del  año 165 al 192  después de Cristo, la frase de  “peor que la pandemia es la  falta de entendimiento de ciertos sectores sociales.”  ¡Por ahí no es la cosa!