El asalto continuado a Ecopetrol y enquistado como objetivo para una presunta modernización de la Refinería de Cartagena, configura el calificativo de saqueo. Quedó en el primer lugar de delitos económicos durante los últimos años.

Tomada la descripción de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la investigación en desarrollo puede ir más allá de lo divulgado. El saqueo es merecedor para otorgar la máxima distinción delincuencial, a asaltantes -de cuello blanco-, maniobra que pasa a la historia económica del país. 

El llamado a imputación de cargos a ocho exdirectivos de la constructora trasnacional -CBI- con sede en Chicago y de Ecopetrol desde 2006, tiende a extenderse, con todo rigor, se dice de puertas para adentro.

El tejido financiero se desplegó cuando Glencore, socio estratégico, sostuvo que no tenía dinero para continuar. Ahí Ecopetrol puso 3.460 millones de pesos del presupuesto. Así la boca se les volvió plata y desencadenó giros para la supuesta obra en Reficar.       

El saqueo se disfrazó como otros tantos, en el país, convocados para una negociación como “transacción transparente”; un manido engaño, de puertas para afuera, en proyectos de alcance, con banda delincuencial por dentro.    

Ante la Fiscalía trascenderá en favor de la justicia, si declaran sin evasivas, exintegrantes de las juntas directivas de Ecopetrol, expresidentes de la empresa, delegados de Gobierno en las mismas y funcionarios de Planeación Nacional, entre 2004 y 2016. Que confronten actas con testimonios ante juez.   

Irrita el saqueo. El petróleo es visto por la ciudadanía como un bien   merecedor de buen trato, dentro de la riqueza nacional, con mano extendida varias veces en dificultades económicas.

Y preocupan también las cotizaciones del mercado internacional petrolero, reflejadas en precio por barril para Colombia, con efectos económicos internos.

Hubo dolor, cuando los ataques guerrilleros a oleoductos y pozos productores. Ojalá que sean para olvidar siempre.

Este saqueo irritante, convertido en indignante, exige cuanto antes, al menos, rescatar parte de los 610 mil millones de pesos robados. 

Es un crudo retrato social de contrastes, entre quienes navegaban en millonarios presupuestos, frente a cercanos habitantes de Tierra Bomba, isla en el sur de Cartagena, sumida en miseria, escondida por el turismo cinco estrellas, peor que barrios de pobreza de la llamada capital turística.

No se espera otro debate de plataforma electoral en el Congreso, como el oportunista, sobre sobornos Odebrechet. La justicia es quien debe ir al grano, encontrando aquí y en el exterior a los peso-pesados del saqueo de Reficar.