Estudios de expertos han advertido claramente sobre el problema financiero del sistema de salud en Colombia; así de simple: se encuentra completamente desfinanciado, con un hueco de más de once billones de pesos que cada año tiende a agravarse.

El problema va más allá de afirmar que es que las EPS se roban los dineros, como simplistamente han señalado algunas voces, incluso desde el mismo Gobierno.  La realidad es que trata más bien de una desfinanciación por una estrecha y equivocada asignación de recursos. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo de medida mediante el cual el Estado entrega recursos a las EPS para que atiendan los requerimientos de salud, debe cubrir financieramente lo que vale atender el servicio de salud a los afiliados. Se trata de una transferencia, pues el Estado es quién recibe los aportes del sistema que, a cada trabajador, se le retiene de sus ingresos salariales mensualmente.

La realidad es que el valor de UPC no cubre la atención médica. Según el equipo de expertos, el error de calculo comenzó con el incremento de UPC para el 2022, pues el ajuste no reflejó la inflación del 13.12%, la más elevada en los últimos veinte años y el hecho de que luego de la pandemia del covid se disparó la demanda de servicios de salud por parte de la población. Como resultado, se aumentó el déficit en $ 3.6 billones.  En los años 2023 y 2024, el problema de agravó con faltantes de $ 3.5 billones y $ 4.7 billones; para arrojar en total un desajuste de $ 11.9 billones.

Pero, además, en los cálculos de la UPC no se han considerado factores incidentes como el aumento de demanda de servicios, incluso por vía de tutela judicial, para riesgos no cubiertos, ni el aumento de edad de la población que aumenta la demanda de atención médica.  Gracias a la excelente gestión del riesgo en salud que realizan algunas EPS el problema no ha sido mayor.

Resulta que, ante esa realidad, el Gobierno, en lugar de buscar remedios al problema, se ha dedicado a echarle la culpa a las EPS.  Las EPS han pedido su capital de trabajo, a causa de la deficiente desfinanciación del sistema y del equivocado cálculo de la APC que ha realizado el Ministerio de Salud.

Por supuesto, que los indicadores de solvencia ya no los cumple ninguna EPS, todas deberían estar intervenidas y se encuentran en un punto de no retorno que indica que lo único sensato es su desmonte programado o la intervención por parte del Estado, con la consabida consecuencia irremediable de dejar sin los servicios de salud a la población.  

El Gobierno va ya en el tercer año sin solucionar el problema que heredó y que ha agravado; empeñado en una reforma a la salud, para manejar directamente todos los recursos financieros del sistema.  No pareciera que esta reforma de iniciativa gubernamental tenga ambiente en el Congreso y mientras tanto, uno de los servicios que más reclama la población colombiana, no encuentra solución.