Las recientes elecciones parlamentarias de Venezuela dejan interrogantes y lecciones para la región.
Entre los primeros está el hecho de cómo a partir de cambios ilegales y arbitrarios en las reglas de juego se fortalece la dictadura. En efecto, el proceso reportó “triunfos” de candidatos que, no obstante postularse bajo una modalidad (nacional o regional) o estar inicialmente respaladados por un determinado partido, finalmente fueron aclamados parlamentarios por una circunscripción diferente, o como miembros de una alianza partidista distinta al movimiento que representaban. Todo ello, como es lógico en un sistema oscuro e inseguro, sólo se comunicó con la declaratoria de obtención de la respectiva curul. En este caso, la lección consiste en que cualquier modificación a la reglamentación electoral debe considerar el impacto en el sistema y la necesidad de garantizar transparencia y fortalecimiento de los partidos e instituciones democráticas.
No debe pasarse por alto el sistema bajo el cual se definen los escaños indígenas. En esta ocasión, por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) -órgano cooptado por la dictadura- la elección de indígenas no se realizó en la misma fecha que la del resto de parlamentarios. Tampoco por voto directo, universal y secreto; se utilizó la metodolgía de designación de voceros por voto secreto y manual, quienes a su turno escogieron a los diputados de los pueblos originarios. Un sistema que, dadas estas características, permite al régimen tener total control sobre el proceso y sus resultados. Como aprendizaje, es necesario tener en cuenta que la garantía de representación de todos los segmentos de la población no puede poner en entredicho la independencia de aquellas poblaciones con condiciones especiales para elegir a quienes ocuparán las sillas en el máximo órgano de las democracias.
Habría que añadir otro hecho relevante que se suma a la serie de eventos opacos del proceso. Se trata de la comisión de verificación, liderada por personajes cuya independencia y objetividad, para el caso concreto de estas elecciones, ciertamente no se pueden predicar. Evo Morales, Fernando Lugo y Piedad Córdoba, han sido protagonistas de la transformación de Venezuela en un régimen totalitario. No son ajenos a la política venezolana. Por el contario, han estado muy cerca, primero de Chávez y luego de Maduro, apoyando y cohonestando sórdidas medidas y actos extremos, con el pretexto de la defensa de eso que llaman “socialismo del Siglo XXI”. Una observación electoral debe provenir de organismos multilaterales serios, expertos, con metodologías probadas e independientes.
En este escenario que lleva ya más de dos décadas, la oposición, que con grandes esfuerzos ha tratado de restablecer la democracia, está agotada y dispersa. No tiene la capacidad de presentarse como alternativa. El desgaste, falta de perspectivas, medios e instituciones confiables que pudieran garantizar algún grado de transparencia, ha producido que la participación ciudadana se haya visto mermada. Apenas el 30% del censo electoral depositó su voto. El oficialismo obtuvo el 91% de escaños con escasos 1,3 millones votos, lo que resulta paradójico si se considera que en 2015 había logrado el 33% de curules obtendiendo 5,6 millones de votos.
Así, tristemente el pueblo venezolano ha quedado a merced de un Parlamento cuya legitimidad está seriamente cuestionada pero que, una vez más, actuará como la marioneta que requiere la dictadura para avalar discutibles y perjudiciales medidas, en los campos político, económico y social.
@cdangond