Para los colombianos, la reciente escalada violenta del Eln y las Farc en el Catatumbo ha sido “la gota que rebosó la copa” frente a la crisis de gobernabilidad que azota a Colombia desde que Gustavo Petro asumió el poder. La paciencia se agota por la acumulación de problemas: la profunda crisis del sistema de salud, el despilfarro del presupuesto público por la corrupción, la parálisis de los sectores productivos y, como si fuera poco, la violencia que se ha apoderado del territorio nacional. Este panorama desolador no tiene antecedentes, ni siquiera en los peores gobiernos, como el de Samper.

La alarmante situación de orden público en el Catatumbo, que se suma a la del Cauca, Chocó, Nariño, Guaviare y otras regiones, confirma lo que muchos advertimos hace dos años: el debilitamiento deliberado de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de los grupos narcoterroristas, facilitado por la permisividad gubernamental, amenazan la institucionalidad.

En estas zonas, donde los cultivos de coca han alcanzado cifras alarmantes -265.000 hectáreas en el país-, el Estado parece ausente. Eln, Farc y el Clan del Golfo se reparten el control, imponiendo su ley. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, existan territorios vedados para el Estado colombiano, un absurdo que erosiona los cimientos de nuestra democracia.

¿Cómo es posible que los grupos criminales se desplacen por el país sin que los organismos de inteligencia lo detecten? ¿Cómo se explica que estos bandidos crucen libremente la frontera, para allá y para acá, con Venezuela sin resistencia? Lo del Catatumbo, donde los cultivos ilícitos crecen exponencialmente, es una disputa territorial alimentada por la negligencia del gobierno. La respuesta oficial se limita a anunciar medidas extraordinarias, como si no existieran herramientas legales para enfrentar la situación. La declaración de “conmoción interior” no es más que una cortina de humo para disfrazar su incompetencia.

En esta región fronteriza, el mando no lo ejerce el Estado, sino el Eln y las Farc del lado colombiano, en complicidad con el Cartel de los Soles venezolano y el de Sinaloa mexicano. Estos grupos no solo negocian coca, sino que se enfrentan por el control de los cultivos.

La situación es aún más inquietante cuando el usurpador Maduro, en plena guerra de carteles en la frontera, informa que su camarada Diosdado Cabello está presente “apoyando al pueblo en el Catatumbo”. Como si fuera poco, Petro asegura haber hablado con su “amigo”, el dictador, para coordinar vuelos y acciones conjuntas. Estas afirmaciones despiertan serias sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de este “cordial entendimiento”.

A esta historia le falta una parte: en junio pasado, antes de robarse las elecciones, los cabecillas del Eln anunciaron su apoyo al protector Maduro. Y el reciente viaje de Petro a Haití, conocida ruta del narcotráfico, precisamente mientras miles de familias huían desplazadas en el Catatumbo, resulta incomprensible; aún más, cuando llevó consigo al ministro de Defensa, quien, aunque ineficaz, debió permanecer en el país.

Los interrogantes son muchos: ¿Qué hacía Diosdado Cabello, apodado el “¿Pablo Escobar venezolano”, en el Catatumbo? ¿Por qué Petro viajó a Haití en medio de esta crisis? ¿Cuál es el interés de Maduro en el Catatumbo? ¿Por qué el Eln y las Farc actúan con tanta libertad en esta zona fronteriza?

Sin embargo, la pregunta más alarmante para los colombianos sigue siendo la misma: ¿en poder de quién estamos?

@ernestomaciast