“Que la sustitución de narcocultivos perdure”
Colombia anotó un punto a su favor al iniciar el plan de sustitución de cultivos de hoja de coca, basado en diseño propio, sin generar contaminación. Pero, a su vez, abrió interrogante ciudadano para que se cumpla a fondo, sin grietas y sin extraños.
Es punto, porque suma respuesta a Estados Unidos, al disponerse el país a erradicar con esfuerzo de familias campesinas, que saben lo que hacen, convencidas de que la coca debe desaparecer para siempre, una intención en las mayorías dedicadas al agro.
La iniciativa sustenta el trabajo de estos cultivadores que lo harán a mano, sin recurrir al costoso glifosato, convencidos de que se atiende una vieja aspiración para emprender un sistema que reviva la producción agraria, con esquema de economía moderna.
El interrogante surge porque se inicia en etapa final del actual Gobierno, que tiene el reto de hacerlo bien y sin afanes e improvisaciones, que pueden convertirse en resultados cojos.
Tiene riesgos hacerlo en proximidad de otro gobierno. La experiencia enseña que, en cambios gubernamentales, quien llega aplica su plan y, en consecuencia, mucho de lo vigente sale volando.
Es atractivo que se inicie en 13 departamentos, ya que el territorio nacional, con contadas excepciones, es apto para agro variado, factible de comercializar.
El sistema financiero tiene corriente de alta tensión por el volumen de dinero que manejará; es donde está el imán que atrae corrupción. Impone control para manejo de pagos y financiación, todo a vista pública.
Comienza con US$450 millones para la lucha contra la droga, otorgados por Estados Unidos, que obliga publicar informes sustentados sobre el dinero, los destinos y la limpieza de manos de los timoneles del plan.
Los pagos mensuales a familias campesinas, por un millón de pesos y la asignación de aportes para nuevos cultivos por millón 800 mil adicionales, deben estar muy lejos de avivatos que intentarán meter ‘colados’, como en el Sisben.
Mejor, sin contratistas y asesores, en cercanía de elecciones. ¿Para qué? El campesino veterano o medianamente ducho, sabe más de cultivos que los intermediarios ¿Qué tiene que los campesinos de verdad, ganen su plata, a la luz pública?
La Ley de Tierras, bien hecha, puede ser aliada para activar empleo con el motor de producción y venta, con perfil empresarial, como verdadera agroindustria trasnacional del presente siglo.
El reto social es defender derechos humanos en los campos, una prioridad junto con servicio de salud al alcance. Ojalá Colombia pueda decir muy pronto que el agro erradicó la coca.