A raíz del secuestro del padre del admirado futbolista Lucho Díaz ha surgido una polémica inusitada. Se trata de un tema que normalmente ha estado escondido y que, infortunadamente, no ha merecido toda la atención que las graves circunstancias colombianas exigían.

Los primeros estudios sobre las finanzas de las guerrillas se hicieron por allá a comienzos de los años 90. En el mundo ya había casos muy reveladores sobre guerrillas, en Filipinas, en Líbano y otros. En Canadá, el distinguido profesor de economía R.T. Naylor se ocupó del tema en 1992-93 y publicó excelentes textos en revistas especializadas. Inclusive, Fedesarrollo hizo una importante contribución al esclarecimiento de este tema.

Surgió el rumor de que el gobierno había pagado tres millones de dólares para lograr el rescate del padre del futbolista. Inclusive circularon comunicados del Eln que así lo afirmaban. Se hablaba de 3 millones de dólares. Y así se mencionaban otros datos que buscaban darle credibilidad a esta información.

Al mismo tiempo, el comandante del Eln proclamaba la pobreza de este grupo guerrillero y desataba, de esta manera, un debate sobre la necesidad de que existiera un fondo, inclusive apoyado internacionalmente, que le permitiera a este grupo sobrevivir mientras se adelantaba una negociación. Pronto surgieron objeciones de diversa naturaleza a esta iniciativa, inclusive algunos recordaron que el Eln era considerado todavía un grupo terrorista, lo cual hacía imposible cualquier contribución internacional.

Y desde el alto gobierno se hacían manifestaciones favorables a la creación de este fondo. Claro, surgía la controversia sobre si el tema del secuestro había quedado prohibido como consecuencia de un acuerdo de cese de fuego. Algunos decían que sí estaba incluido explícitamente, otros que se sobreentendía que si el cese de fuego suponía el respeto al derecho internacional humanitario, obviamente, se prohibía esta práctica. Se hacían distinciones entre un cese de fuego y un cese de hostilidades, para así justificar la continuación del secuestro, un delito que ha atormentado a Colombia durante más de 40 años.

Así las cosas, el miércoles 15 de noviembre, apareció un principal titular en El Tiempo, al lado de una fotografía atormentada de Lucho Diaz y de su padre. Decía algo difícil de comprender: al Eln le incautan 35.000 millones mensuales en bienes. El detalle se encuentra en un informe de la Fiscalía que habla que desde febrero de 2020 le han incautado 908 bienes avaluados en 1,6 billones de pesos. Le han confiscado 1.422 millones en efectivo y a sus testaferros 170.000 millones. Y ello sin contar los ingresos del negocio criminal del narcotráfico y de otras actividades ilegales como la extorsión, la minería ilegal y el secuestro. Hasta ahí llega el tema de la pobreza…

Este ha sido uno de los asuntos más complicados en las negociaciones de paz y no sobra recordar los desacuerdos al respecto entre el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez y miembros del gobierno del presidente Santos, tanto sobre el inventario de la riqueza de las Farc como de los bienes que ésta entregó y que según el Fiscal no correspondían a la realidad. Como se ve ese es un asunto realmente muy, muy difícil.

La financiación de los grupos guerrilleros o terroristas en Colombia ha tenido enormes implicaciones que afectan a muchas instituciones y que realmente contaminaron entidades y agencias que jamás han debido sufrir esta situación. No alcanzamos a visualizar el daño colateral generado por este enriquecimiento ilícito de estos grupos violentos. Tan solo el tema del secuestro sería suficiente para evaluar el formidable daño que se causó a la sociedad colombiana, toda la sociedad colombiana.