Fuero y moral
El proyecto de Reforma a la Justicia sigue avivando el tema del fuero militar y la necesaria reforma al Código de Justicia Penal Militar, situación que me permite retomar el asunto. Se ha dicho que la jurisdicción especial para juzgar militares y policías donde no se hacen ningún tipo de excepciones data de mucho tiempo atrás, no quiero invocar las últimas Constituciones, solo citemos la del 91, donde por razón de los constituyentes comprometidos en su discusión y confección, se habría podido dar un amplio debate con miras a ajustar o desmontar este recurso jurídico que cubre los cuerpos castrenses. Pero no, por el contrario se fortaleció en muchos aspectos.
Es saludable entender que para investigar transgresiones al servicio y posibles delitos en guerra o enfrentamiento en el interior de estos cuerpos es necesario tener conocimiento y experiencia que permitan interpretar ciertas circunstancias que rodean los sucesos, de lo contrario se pierde la objetividad del investigador, quedando el procedimiento a expensas de deducciones aparentemente lógicas en circunstancias normales, pero la confrontación armada que vive el país no es un escenario normal, ni se puede medir con ese rasero generalizador en tiempo de paz, brotando por lógica una dificultad insalvable identificada como ausencia de imparcialidad investigativa. Al analizar un acto encuadrado en el Código Penal, sólo las personas formadas, estudiadas y ejercitadas en la disciplina castrense pueden interpretar con agudeza los intríngulis de operaciones o procedimientos, competencia necesaria para aplicar esta justicia.
Pensar que la Fuerza Pública está desmoralizada tras el enredo jurídico actual sería desconocer las capacidades y liderazgo de los mandos; por fortuna para el país y el Gobierno, los actuales comandantes y Director de la Policía son hombres con liderazgo sobre su personal, precedidos de una influencia a toda prueba en las filas de sus instituciones, pues no son pocos los embates de influencias extrañas, que tratan de aprovechar la coyuntura para agitar inconformidades en el interior de las fuerzas, buscando mostrar al país la falsía de un malestar y renuencia al cumplimento del deber por parte de la tropa, todo apalancado en el impasse que hoy analizamos, manejado con información distorsionada. La cúpula, repito, ha sabido enfrentar esta encrucijada jurídica, más de interpretación que cualquier otra cosa, nacida del acuerdo entre el exministro de Defensa, Camilo Ospina, y el exfiscal general, Mario Iguarán, que colocaron en cabeza de la Fiscalía la posibilidad de determinar quien avocaría las investigaciones por hechos donde figuren como sindicados miembros de las Fuerzas militares y la Policía.
No obstante lo anterior valdría la pena que los mandos en este diciembre, época de visitas a las unidades, fueran portadores de un mensaje que clarifique la situación para evitar falsas interpretaciones a la ley, cerrando la posibilidad de especulaciones.