Lo ideal sería que todo gobierno contara con una mayoría parlamentaria que facilitara su gobernabilidad democrática. Esta es la esencia del régimen parlamentario. Hay gobierno si esa mayoría existe. En ocasiones toma meses construirla. En algunas ocasiones se ha creado una especie de ‘bono’ en virtud del cual el partido de gobierno obtiene unas sillas adicionales para así constituir una mayoría. Nada fácil. El tema es particularmente complejo en los regímenes presidenciales porque requiere una negociación con diversas fuerzas políticas y ello hay que sostenerlo a lo largo del período presidencial, bien sea con los mismos o con reconfiguraciones.
El Estatuto de Oposición que, por fin, se pudo elaborar ha regulado las relaciones entre el gobierno y las fuerzas políticas en el Congreso en clave de gobernabilidad. Nos encanta amarrar la vida política. Le ponemos todo tipo de trabas y camisas de fuerza que le quitan fluidez y, por lo tanto, capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Con frecuencia reclamo que es necesario desamarrar el juego político. Devolverle flexibilidad. El artículo 6 de nuestro Estatuto contempla tres formas de relación entre el gobierno y las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y les pone una fecha fija para que ellas se declaren independientes del gobierno, oposición, o parte del gobierno o de la coalición correspondiente. Esto fue lo que ocurrió el 7 de septiembre pasado, un mes después de la posesión presidencial.
Aunque ya algunas fuerzas políticas habían declarado que formaban parte de la coalición de gobierno o que eran independientes, todavía esa declaración debía hacerse formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, como una decisión conforme a los estatutos de cada partido, fuerza o movimiento. Ya se dijo, ese plazo fatal se cumplió el miércoles pasado. Y es fatal que no se pueda hacer sino por una sola vez. Y si se llega a cambiar durante el cuatrienio ya no se puede adoptar otra actitud política. Me parece absurdo. Antipolítico. Y poco conveniente para un buen funcionamiento del quehacer político. No sé de otros países que tengan regla similar.
Lo normal y aconsejable sería que esa relación se manejara al ritmo de los acontecimientos políticos, sin plazos y sin obligatoriedades que no vienen el caso.
Cada partido político sabrá como jugar sus cartas y obtendrá los beneficios o pagará los costos de las decisiones que vaya tomando. Obviamente, si está un mes en la oposición, y otro en el gobierno y, luego, otra vez en la oposición y así sucesivamente, pues la opinión pública bien probablemente le pasará una cuenta de cobro enorme el día de elecciones. Pero establecer legalmente que esta definición sólo se pueda hacer una vez en cuatro años no es algo que se compagine con lo que es el proceso político. Y amarrar eso con otros artículos que prohíben hacer nombramientos de directivos y funcionarios de esos partidos cuando dejan de ser oposición o independientes (artículos 27 y 29), es también algo que va en contravía de un normal funcionamiento de la actividad política. Así se podrían comentar otras disposiciones del Estatuto de Oposición que obtuvo una rápida aprobación porque se aprovechó el mecanismo que facilitó la elaboración de la legislación que buscaba implementar el Acuerdo Final de Paz.
No veo iniciativas dirigidas a racionalizar este Estatuto que debe tener un contenido de garantías tanto para la Oposición como para el Gobierno, pero no de mecanismos que limitan el espíritu de libertad que debe animar la acción política. Libertad y Responsabilidad. Y el día de elecciones los ciudadanos juzgarán si vale la pena reafirmar su admiración y compromiso con la fuerza política que obró con libertad y responsabilidad a lo largo del cuatrienio o si juzgan que hizo un pésimo o regular uso de esas dos categorías. Desamárrense, por favor.