GUILLERMO FRANCO CAMACHO | El Nuevo Siglo
Domingo, 5 de Enero de 2014

Conducta

 

Se observan personas condenadas por el sistema judicial a  pérdida de libertad, sea en la cárcel o en su residencia, y son sanciones a cargo de la Justicia Institucional, es decir, la consagrada en la Constitución y las leyes; sin embargo, en esta columna se habla, con frecuencia, de una institución distinta al sistema señalado, más poderosa, denominada Justicia Paralela, a cargo de los medios de comunicación y que ejerce funciones similares traducidas en castigos sociales. Estas penas, introducidas por la comunidad en respuesta a las noticias o denuncias de los medios, pueden consistir en desvinculación total o parcial de la economía monetaria, lo cual  implica, en su orden, desempleo o empleo informal y lo segundo puede llegar a medida que avanza la recuperación personal; la versión preocupante del fenómeno descrito puede corresponder a una situación inmerecida por equivocación, error y desagrada, en especial, que la sanción social persista, pese a las rectificaciones de los medios, debido, por ejemplo, a la credibilidad social de los chismes o rumores falsos ¿Quién tiene la responsabilidad de arreglar la situación comentada? Se sugiere examinar la materia.

Lo que sigue responde al interrogante lógico: ¿cómo prever la dificultad en cuestión? Actuando con prudencia, lo cual significa no tomar partido, de inmediato, al referirse los medios a hechos desconocidos, irregulares, incorrectos o supuestamente deshonestos: esperar que el tiempo suele clarificar los eventos. Es útil, también, el aporte teórico de Adam Smith, el más notable economista del siglo XVIII, conocido como el principio de la división del trabajo: dejar los asuntos a los entendidos, en especial al comienzo, consultar y opinar después de realizar el trabajo preparatorio pertinente. Conviene evitar se llegue a la perspectiva contemplada en Memoria. Seminario Nacional de Periodismo Judicial 1983 (Círculo de Periodistas de Bogotá): este texto es muy crítico de la clase de periodismo indicado a principios de la década de los ochenta. La actualización de este informe es necesaria a fin de medir el progreso efectuado y corregir lo que falte; por cierto, causó desconcierto observar que las recomendaciones versaban, en medida notable, sobre aspectos elementales. Desde luego, una vez se detectan, no hay alternativa diferente a reconocer las fallas.

Conclusión: evitar la posibilidad, como columnista de opinión o periodista, de afectar, de modo inmerecido y permanente, el buen nombre de los ciudadanos.