LOS que no tuvieron que caminar por horas se vieron forzados a llenarse de paciencia para esperar, por horas, el desbloqueo de las vías por las que transitaban tanto en Bogotá, como en la mayoría de municipios cundinamarqueses, por la protesta de los camioneros que inició el lunes, una vez el gobierno expidió por decreto el alza en el diésel.
En el inicio de la protesta nacional, los bloqueos a decenas de vías nacionales fueron intermitentes, lo que generó trancones, pero finalmente una movilización lenta. De ese plan tortuga se pasó, al caer la noche, a un bloqueo en puntos claves de Bogotá y los corredores viales de Cundinamarca.
En la capital del país, los extremos fueron los sitios de concentración de las protestas. Así, la salida a la vía Villavicencio, Usme, Molinos, el puente de Guadua en la Calle 80, la calle 170 con carrera séptima, la Autopista al Norte con Calle 200, la Avenida Suba con la Avenida Ciudad de Cali, La Avenida Boyacá desde la calle 65 sur hasta la 15 sur y la subida a La Calera estuvieron bloqueados desde la medianoche del lunes y este martes siguen inamovibles ante la negativa rotunda del presidente Gustavo Petro de derogar el decreto que estableció un alza de $ 1.904 al galón de diésel expedido este lunes, tal y como lo exigen los transportadores por las implicaciones que ello tiene en los costos, la inflación y el bolsillo de los colombianos.
Desde muy temprano este martes, cientos de personas que llegaron al portal de Usme y de Suba se vieron forzadas a caminar a las pocas cuadras del mismo, por los bloqueos que se presentaban cuadras adelante, como en el Sector de Molinos y la Avenida Boyacá con Cali. Por lo mismo quedaron atrapados cientos de personas que en sus vehículos particulares intentaban llegar a sus sitios de trabajo o a realizar diligencias personales, entre ellas, citas médicas por las que inclusive habían esperado meses para que les fueran asignadas.
Este viacrucis fue más grave en las vías cundinamarquesas, ya que desde el lunes hacia las 5 de la tarde, cientos de viajeros quedaron bloqueados en el transporte intermunicipal y vehículos particulares, debiendo pasar la noche en esos vehículos y en varios casos lejos de sitios donde procurarse comida.
Los camiones y llantas atravesadas en la glorieta de la Universidad militar, en la vía que comunica a Cajicá y Zipaquirá, y por ende a varias localidades intermedias, tiene atrapados a cientos de personas, muchos de ellos niños -e inclusive bebés- que este martes esperan que representantes del gobierno acudan con ayudas como agua y alimento, ya que los transportadores han señalado que mantendrán la protesta ante la intransigencia del gobierno.
Igualmente, decenas de estudiantes de colegios ubicados en Tenjo, Tabio, Subachoque, Funza y Mosquera, entre otros, que residen en Bogotá, no pudieron regresar a sus casas el lunes y la mayoría pernoctó en los buses escolares, mientras que en zonas pobladas muchas familias albergaron a estos niños y jóvenes afectados. Este martes seguían en la misma situación, con el debido acompañamiento de sus instituciones educativas.
En Boyacá, la concentración de camioneros se realiza en Tunja, Cómbita, Saboya, Sáchica y Santana, permitiéndose únicamente el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.
Aunque se sabía que el alza en el diésel se iba a dar y, por ello, se venían realizando diálogos con los representantes de los diferentes sectores del transporte (público, carga, escolar, volqueteros, etc), inesperadamente el gobierno decidió alza en este combustible que se usa en miles de miles de vehículos. La primera de ellas entró en vigencia este lunes, generando la conocida protesta nacional, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras señalar que es insostenible el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, que sería o menos de $10 billones al cierre del año.
Pese a que el funcionario insistió en que el déficit es de vieja data y así como se decretaron las continuas alzas en la gasolina hasta equipararla con el precio internacional, es el momento de hacerlo con el diésel, planteando como salida cubrir gran parte de este costo del incremento reajustando entre 7% y 9% los fletes.
Representantes de los transportadores señalaron en declaraciones a los medios de comunicación que el gobierno debe ser consciente del impacto que el reajuste de casi $2.000 en el galón de diésel (el primero de los tres previstos) tendrá en el bolsillo de todos los colombianos y el aumento de la inflación.
Inclusive algunos dijeron no entender “el gobierno lo que quiere es tener más plata para gastos de funcionamiento”.
El ministro Bonilla ha sostenido que con los recursos que el gobierno ahorrará al quitar progresivamente el subsidio al combustible que mueve todo el transporte de carga en el país, desde hace décadas, se podrá entregar un ‘bono navideño’ de $ 500 mil a los colombianos más vulnerables inscritos en el programa de ‘renta ciudadana’.
Los gremios, por su parte, indican que será muy grave el impacto que tendrá en el breve lapso este paro nacional de transportadores y que van desde los alimentos hasta las exportaciones.
Aunque se mantienen este martes los diálogos entre los ministros de hacienda y Transporte con algunos representantes de este último sector, es previsible que sea un ‘diálogo de sordos’ porque el presidente ratificó que no dará reversa en su decisión, argumentando que “el alza del diésel es justa porque estamos recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado…Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel”
Y, en el mismo escrito en X, como acostumbra a comunicarse con los colombianos, Petro aseguró que “el país no se dejará bloquear. Las medidas adecuadas para afrontar un "Lock out": un paro empresarial, se toman desde hoy”.
Pero lo cierto es que la mayoría del país está bloqueado, afectando el derecho a la movilidad de millones de colombianos y generando millonarias pérdidas económicas.