Estados Unidos dio de plazo este martes hasta el 3 de abril a la petrolera Chevron para "la liquidación" de operaciones en Venezuela, una bofetada para el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que lo usaba como salvavidas financiero.
Siguiendo las instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó el "cierre de actividades" en el país caribeño de Chevron, de sus "empresas conjuntas" con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o de cualquier compañía en la que esta última posea "una participación del 50%".
Con esta finalidad, el Departamento del Tesoro estadounidense creó la licencia 41A, que entró ayer en vigor y revoca la emitida en noviembre de 2022 por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden.
La nueva licencia impone, sin embargo, a Chevron, la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela, una serie de restricciones que afectan al gobierno de Maduro.
Chevron no podrá pagar "impuestos o regalías al gobierno de Venezuela", ni dividendos a Pdvsa, ni a ninguna compañía en la que esta posea, "directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%".
También quedan prohibidos la venta de petróleo o productos petroleros "a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos" y llevar a cabo transacciones con empresas controladas por compañías de la Federación Rusa.
Por último, y como viene siendo costumbre, tampoco se permiten las operaciones con personas sancionadas por Washington.
A finales de febrero, Trump ya anunció el fin de la licencia que permite a la petrolera estadounidense operar en Venezuela.
Chevron aporta unos 200.000 barriles diarios (bd) de petróleo, del millón de bd que produce Venezuela.
La revocatoria "tiene un impacto macroeconómico importante, especialmente en el flujo de ingreso y, por ende, en la expectativa de tipo de cambio que se deteriora y la inflación", afirmó la semana pasada a la AFP el economista venezolano Asdrúbal Oliveros.
El magnate republicano acusa a Maduro, cuya reelección no reconoce, de no recoger a migrantes venezolanos en situación irregular al ritmo "que habían acordado".
Tras volver a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump se propuso expulsar de Estados Unidos a tantos migrantes en situación irregular como pueda y, para ello, ha desplegado una campaña diplomática que llevó al jefe de la diplomacia, Marco Rubio, a varios países latinoamericanos.
Rubio no fue a Venezuela. Pero Trump envió a Caracas a un emisario especial, Richard Grenell, para sellar acuerdos migratorios que, según el republicano, se han incumplido.
Venezuela "era un gran país hace 20 años y ahora es un desastre", afirmó el millonario en enero, nada más regresar a la Casa Blanca, dando a entender que barajaba dejar de comprar petróleo a este país porque no lo necesita.
Trump, al igual que su antecesor (Biden), apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios de julio y asistió a su investidura el 20 de enero.
La petrolera española Repsol y la francesa Maurel & Prom todavía operan en Venezuela.